En el marco del alza de la violencia homicida por parte de las pandillas y la respuesta gubernamental, organizaciones sociales nacionales e internacionales de derechos humanos exhortan al Estado de El Salvador la implementación de políticas de seguridad ciudadana integrales y con enfoque de derechos humanos, de género y de interseccionalidad, así como mecanismos claros para la participación ciudadana y la rendición de cuentas para reducir los índices de criminalidad y violaciones de derechos humanos.
Las organizaciones señalaron que la violencia en el país tiene distintas causas estructurales y que es ejercida por múltiples actores, pero esta debe ser abordada de manera responsable por parte del Estado, garantizando la protección de todos sus habitantes, adoptando políticas públicas fundamentadas en el respeto de la dignidad humana, la reparación integral a las víctimas y el debido proceso.
En conferencia de prensa, solicitaron que la persecución del delito tenga un abordaje científico, basado en evidencia e información técnica que permita la prevención y la investigación del crimen; así como verdaderas estrategias que lleven a articular al sistema penal y de justicia más allá de la sanción y la privación de libertad.
Para las organizaciones, el régimen de excepción profundiza la respuesta esencialmente represiva del Estado, y, de facto, se ha traducido para los territorios, particularmente los pobres y vulnerables, en prácticas de “abuso policial’’. Muestra de ello es que tres de las organizaciones presentes han atendido tan solo en una semana de las medidas a más de 26 víctimas de abuso de autoridad. De hecho, los datos reflejan que en su mayoría han sido víctimas de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que ha derivado en denuncias de 16 detenciones arbitrarias, 6 intimidaciones y 3 lesiones.
La violencia social y las violaciones a derechos humanos en El Salvador son problemáticas de larga data, que se agudizan y recrudecen por la ausencia de políticas integrales y transparentes de seguridad ciudadana y por el aumento de la violencia que atenta contra la vida de las personas, sobre todo, de sectores que viven en situación de mayor desigualdad y vulnerabilidad.
Las y los voceros de las organizaciones manifestaron su rotundo rechazo hacia la violencia de todo tipo y extendieron sus muestras de solidaridad y y de hermandad para las familias y las comunidades que han vivido históricamente el impacto de la violencia. Como parte de la sociedad civil, estas contribuyen activamente a la defensa y la protección de los derechos humanos de las personas que enfrentan violencia. Además, brindan su apoyo técnico para el fortalecimiento de las instituciones del Estado en distintos ámbitos.
Asimismo, las organizaciones ratificaron su compromiso en continuar aportando activamente al diseño e implementación de políticas públicas desde un enfoque de seguridad ciudadana, planes y rutas de atención que aseguren el cumplimiento de los compromisos en materia de prevención de la violencia, atención a víctimas, persecución del delito, rehabilitación y reinserción social en el marco del respeto a los derechos humanos, el derechos internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.