La aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se concretó esta semana en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos. En respuesta, el 18 de diciembre de 2017, una coalición de diez organizaciones internacionales, comprometidas con los derechos humanos y el Estado de derecho, hicieron un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto para que ejerza su facultad de veto respecto de la ley, al tiempo que anunciaron la integración de un Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.
Los miembros fundadores del Observatorio incluyen a Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), la Organización Mundial contra la Tortura (OMTC), Peace Brigades International (PBI) y Robert F. Kennedy Human Rights; se espera que otras organizaciones internacionales se sumen a este esfuerzo. Mientras México se aleja de los valores democráticos, el mundo le está observando.