Más de 30 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Amnistía Internacional, el Servicio Social Pasionista (SSPAS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Cristosal, presentaron información sobre los graves retrocesos en derechos humanos y democracia en El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia virtual “Situación de Derechos humanos en El Salvador”, el pasado 12 de julio.
En la audiencia, la delegación estatal encabezada por la canciller Alexandra Hill y el comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, negó las muertes intencionales, torturas y otros abusos cometidos en las cárceles en el marco del régimen de excepción, instaurado desde marzo de 2022. La delegación también guardó silencio respecto de los retrocesos en las políticas sobre derechos de las mujeres y género, y acusó a las organizaciones de instrumentalizar la audiencia con fines políticos.
Por su parte, las organizaciones han documentado ampliamente casos de muertes, torturas y otros abusos en estos centros. Por ejemplo, Cristosal, en su reciente investigación “El silencio no es opción“, reveló 265 muertes de personas privadas de libertad, incluyendo cuatro bebés, basándose en entrevistas a familiares, informes médicos legales, actas de defunción y otros documentos oficiales. Además, en abril de 2024, siete organizaciones presentaron el informe “El modelo Bukele, seguridad sin derechos humanos“, en el cual reportaron seis casos ejemplarizantes de torturas en las cárceles, 17 muertes intencionales y 58 con sospecha de muerte intencional. Sumado a esto, la más reciente investigación de Human Rights Watch (HRW), “Su hijo no existe aquí”, da cuenta de las torturas en niñas, niños y adolescentes privados de libertad en el régimen de excepción.
La delegación estatal también presentó cifras sobre la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra, pero no se pudo verificar la veracidad de estos datos ya que no son de dominio público. En cuanto a los juicios penales, el Estado aseguró avances significativos. Sin embargo, las organizaciones que acompañan a víctimas y litigan casos de la guerra dan cuenta que ninguna persona ha sido condenada por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y que se ha favorecido por años a los perpetradores. Además la Asamblea Legislativa archivó en mayo de 2024 la propuesta de Ley de Justicia Transicional, pese a que desde 2016 la Sala de lo Constitucional le ordenó legislar en esa materia.
El Estado no respondió a varias interrogantes de la CIDH, incluyendo el avance en las investigaciones del uso del software Pegasus para espiar a periodistas y sociedad civil. Tampoco respondieron a preguntas relacionadas a la sobrecarga de trabajo de defensores públicos. El Procurador General, en una entrevista indicó que, hasta septiembre de 2023, unos 275 abogados atendieron 60,237 casos del régimen de excepción; es decir, un promedio de 219 por cada defensor, lo que indica una clara sobrecarga que no permite efectuar una correcta defensa.
Las organizaciones reiteraron que las detenciones masivas y arbitrarias, y la militarización de la seguridad pública, no resuelven los problemas sistemáticos y son insostenibles a largo plazo. Asimismo, señalaron que un modelo de seguridad exitoso no puede basarse en anular el Estado de Derecho, concentrar el poder en el Ejecutivo y sustituir la violencia criminal por violencia del mismo Estado, como está ocurriendo en El Salvador.