La violencia sexual en el conflicto armado en El Salvador, como en otras guerras, no fue un hecho aislado de uno o algunos hombres “sin control de sus instintos”, ni mucho menos provocada por conductas “irresponsables” de las mujeres. Se trató de estrategias de terror y degradación, nacionales y hemisféricas.
Hoy, 27 años después del fin de la guerra en ese país, estos hechos criminales permanecen ocultos, se hablan en voz baja, pero existen iniciativas importantes en marcha para romper el silencio. Una de ellas es el caso de la masacre de El Mozote, cuya investigación fue reabierta por un tribunal local, luego de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía general en julio de 2016. Este es hoy por hoy, el único juicio referido a las atrocidades de la guerra que muestra avances en El Salvador.
La masacre de El Mozote se refiere a una serie de matanzas contra población civil cometidas por el batallón Atlacatl de la Fuerza Armada salvadoreña, durante un operativo militar realizado los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en las aldeas de El Mozote, La Joya y Los Toriles, entre otras, en el norte del departamento de Morazán. Según la Comisión de la Verdad, aproximadamente 900 hombres, mujeres y niños campesinos fueron asesinados en ese operativo. Se le considera el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes estatales y la peor masacre en la región americana en las décadas pasadas.
En diciembre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que los hechos esta masacre configuran graves violaciones a derechos humanos, y cuentan con elementos para ser calificados como crímenes internacionales, incluidas violaciones sexuales. En el juicio interno en marcha, los 18 ex militares de alto rango acusados en el caso, están siendo procesados por el delito de violación sexual, entre otros, por sus responsabilidades al mando de la Fuerza Armada de la época.
En ese contexto, el 24 de junio de 2018, la American University Washington College of Law, apoyada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó un escrito de Amicus Curiae ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, en el marco del proceso penal donde se investiga a los responsables por los crímenes cometidos en la masacre, presentando argumentos para que el tribunal investigue eficazmente los crímenes sexuales cometidos en el caso, lo que tendría un importante efecto simbólico importante en las víctimas y la sociedad, pues reflejaría la gravedad del daño ocasionado y el grado de intencionalidad.
A propósito de la presentación de dicho Amicus, también realizamos un foro público y una reunión privada sobre el tema, a fin de propiciar un intercambio sobre violencia sexual del pasado y del presente, con actoras y actores involucrados, y acercar información sobre los desarrollos conceptuales y las experiencias de investigación, así como estrategias de incidencia y litigio, en países de América Latina.
El resultado fue el inicio de una reflexión sobre cómo avanzar en el caso salvadoreño, que ahora queremos continuar con este evento.
