El pasado 21 de agosto de 2017, mediante el Decreto Presidencial no.33, se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador (CONABUSQUEDA), después de meses de trabajo entre gobierno y sociedad civil para consensuar una propuesta legal sobre el diseño y funcionamiento de un mecanismo institucional de búsqueda.

Los pasos siguientes, sin embargo, resultan especialmente decisivos para el éxito de la Comisión. Por un lado, el decreto de creación señala que el organismo estará integrado por tres comisionados: el primero de ellos, quién lo presidirá, será nombrado por el Ejecutivo. Los dos restantes serán seleccionados, también por el Ejecutivo, de entre una lista propuesta por las organizaciones de la sociedad civil conformadas por víctimas de desaparición forzada, o por las organizaciones civiles que las representen. Por el otro, la Comisión estará encargada de elaborar un Plan Nacional de Búsqueda, a más tardar noventa días después de su instalación formal.

Estamos frente a un momento crucial en la historia salvadoreña pues este mecanismo representa una oportunidad sin precedentes para dar respuesta a un importante sector de la sociedad que ha esperado por décadas el descubrimiento de la verdad. Ello dependerá, en buena medida, de la capacidad del Estado salvadoreño de realizar su labor con compromiso, enfoque científico y respeto a las víctimas. Para ello, tendrá que aprovechar las experiencias internacionales en contextos similares y, al mismo tiempo, trabajar en una política de persecución penal que acompañe los hallazgos de la Comisión con una procuración de justicia eficaz.

El Órgano Ejecutivo ha organizado un evento público para realizar la presentación formal de CONABUSQUEDA, el próximo 27 de septiembre, en la Casa Presidencial. El primer anuncio oficial sucedió una semana después, en el marco del 164 periodo de sesiones de la CIDH en la Ciudad de México, durante una audiencia sobre acceso a la justicia en el contexto de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en El Salvador.

En 1993, la Comisión de la Verdad para El Salvador registró 5,000 casos de desapariciones forzadas ocurridas durante el conflicto interno que vivió ese país desde 1980 hasta 1992, aunque las víctimas y las organizaciones de derechos humanos documentaron por lo menos 10,000. En 2007, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, recomendó la creación de un mecanismo eficaz para la búsqueda de personas desaparecidas, con la participación real de la sociedad civil organizada, en el marco de su visita oficial al país.