En julio de 2017, en el Estado de Guanajuato, en México, el Congreso estatal aprobó una reforma constitucional para introducir el llamado “pase automático” del Procurador General a primer Fiscal General del estado, por 9 años y sin pasar por un proceso de selección. Se trata de una reforma que se aprobó a contracorriente de lo que ocurría a nivel federal, donde la legitimidad de una disposición similar fue cuestionada severamente por diversos colectivos de la sociedad civil, por generar un grave riesgo para la autonomía de la nueva Fiscalía frente al poder político, y favorecer la impunidad. Como consecuencia de ello, el pase automático fue derogado a nivel federal, luego de que su eliminación fuera aprobada por 17 congresos estatales.
Mientras el “pase automático” siga vigente el Guanajuato, el actual Procurador General del Estado de Guanajuato, que viene ejerciendo el cargo hace más de 9 años, podría convertirse automáticamente en el primer Fiscal General, sin pasar por una evaluación publica de sus méritos y capacidades, en un proceso de selección. Es por ello, que más de 50 diversas organizaciones de la sociedad civil han solicitado al Congreso una reforma integral que entre otras cosas, elimine esta figura y establezca un proceso de selección transparente y participativo; y que además, se establezca un mecanismo efectivo de rendición de cuentas del actual titular.