• Grupo observó aparentes “fallas sistémicas” en la protección de los derechos indígenas;
• Defensoras y defensores indígenas de la tierra en la línea de fuego tras oponerse a proyectos extractivos y desarrollos agrícolas insostenibles;
• Las y los expertos en derechos humanos instan a la necesidad de garantizar el acceso a la justicia;
• La criminalización generalizada de las personas defensoras de derechos humanos es un obstáculo para garantizar la rendición de cuentas y el Estado de derecho.

Esta semana, una misión independiente de investigación formada por juristas internacionales especializados en derechos humanos viajó a Alta Verapaz para reunirse con comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil y representantes del gobierno con el fin de comprender las causas estructurales de la violencia rural. Instaron al Estado a dar prioridad a los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y a poner fin a los desalojos violentos que agravan el conflicto agrario.

“Las comunidades indígenas de Guatemala se enfrentan al menosprecio de los derechos territoriales comunales, a una distribución desigual de la tierra, al racismo, a la violencia y a una clara falta de acceso a la justicia”, afirmó Camila Zapata Besso, experta en derechos humanos del Reino Unido. “Una respuesta eficaz es de la máxima urgencia, porque esto traiciona los mismos dilemas agrarios que el acuerdo de paz pretendía reparar”.

Las abogadas y abogados observaron una criminalización generalizada derivada de las denuncias de propietarios privados contra las comunidades. También les preocupaba la falta de claridad jurídica sobre cómo los pueblos indígenas pueden reclamar sus derechos y defenderlos dentro de un sistema fragmentado.

Daniel Cerqueira, experto brasileño en derecho internacional, afirmó que “la comunidad internacional y las empresas con inversiones en Guatemala deben estar atentas a los retrocesos legislativos y a la criminalización de las comunidades indígenas que reclaman su derecho a vivir en sus territorios ancestrales“.

Los juristas visitaron Guatemala debido a su preocupación colectiva por los recientes informes de la ONU y de la sociedad civil sobre desalojos violentos, abusos contra los derechos humanos y amenazas al estado de derecho. Se reunieron con comunidades y organizaciones indígenas, incluidos miembros de comunidades encarcelados, actores de la sociedad civil, abogadas y abogados que representan a comunidades afectadas, el sector privado, la comunidad diplomática y autoridades estatales responsables de la titulación de tierras, los derechos humanos y la seguridad pública. La delegación desea expresar su gratitud a todas las personas y funcionaras y funcionarios locales que dieron su tiempo a hablar con la delegación.

“Guatemala necesita urgentemente iniciar una revisión holística de sus leyes y prácticas en favor de sus pueblos indígenas, defendiendo su derecho al territorio para rescatar su identidad cultural y preservar sus conocimientos tradicionales”, afirmó Silvana Baldovino, jurista peruana experta en derechos indígenas.

La delegación expresó su especial preocupación por:

• La criminalización generalizada de las comunidades indígenas y de las personas defensoras de los derechos humanos que hacen valer sus derechos.
• El desalojo y desplazamiento de comunidades indígenas de sus tierras ancestrales y la falta de reconocimiento legal, institucional y práctico de sus derechos colectivos, incluido el derecho a decidir sobre el uso de sus tierras y recursos.
• La incapacidad del Estado para impedir el uso de la fuerza y la violencia ilegítima contra familias indígenas y comunidades rurales, especialmente durante desalojos.
• Problemas denunciados con la diligencia debida en la cadena de suministro llevada a cabo por empresas nacionales y multinacionales que hacen negocios en determinadas zonas, y con contrapartes guatemaltecas presuntamente implicadas en conflictos agrarios.
• El drástico aumento de la pobreza que sufren las comunidades indígenas, relacionado con el debilitamiento de la soberanía alimentaria y el acceso limitado al agua y los recursos naturales.
• La violencia de género y sexual, la explotación laboral, las violaciones al derecho del niñez y al derecho a la educación.
• La falta de acceso a la justicia de las comunidades indígenas.

Los siguientes miembros de la delegación están disponibles para ser entrevistados:

– Silvana Baldovino Beas, Directora de Programas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) (Perú)

– Daniel Cerqueira, Director de Programas de Fundación para el Debido Proceso (EE.UU., Brasil)

– Ben Cooper KC, Barrister y Consejero del Rey, Doughty Street Chambers (Reino Unido)

– Margherita Cornaglia, abogada, Doughty Street Chambers (Reino Unido e Italia)

– Steve Cragg KC, Barrister y Consejero del Rey, Doughty Street Chambers (Reino Unido)

– Haydee Dijkstal, Barrister, 33 Bedford Row Chambers (Países Bajos y EE.UU.)

– Camila Zapata Besso, Barrister, Doughty Street Chambers (Reino Unido y Colombia)

Email: IDILGuate@protonmail.me

Teléfono: +447426335784