Washington DC, 25 de noviembre.- Desde la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) expresamos nuestra profunda preocupación por los eventos de los últimos días en Guatemala: la represión violenta de protestas sociales que reaccionaron a la aprobación de una ley presupuestaria que favorecía los intereses corporativos de los legisladores en perjuicio de los sectores más vulnerables del país, y la tramitación del procedimiento de antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que ponen en riesgo la independencia judicial. Ambos acontecimientos han provocado una crisis institucional y política que mantiene enfrentado al país.