Del 22 al 25 de noviembre 2009, la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) lideró una misión internacional que llego al estado de Guerrero, México, para levantar información de primera mano sobre el funcionamiento del poder judicial en ese estado.
– Deficiencias en el sistema obstaculizan el acceso a una justicia imparcial y pronta.
– No existe una estrategia integral para enfrentar la corrupción endémica del Poder Judicial.
– Una justicia imparcial, pronta y accesible se logrará con más transparencia e independencia del Poder Judicial del estado.
La misión fue organizada en coordinación con la Comisión Internacional de Juristas y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Esta misión siguió el modelo de una misión realizada en 2008 en el Estado de Oaxaca. La delegación estuvo compuesta por José Antonio Martín Pallín, Magistrado emérito del Tribunal Supremo de España; Susana Villarán, ex Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrante del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (Lima, Perú); José Zeitune, Consejero jurídico para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra, Suiza); Cécile Lachenal, Investigadora y Responsable del Proyecto de Acceso a la Justicia de Fundar, Centro de Análisis e Investigación (México, D.F.); Mirte Postema, Coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Transparencia Judicial y Emilie E. Joly, Coordinadora del Programa de Acceso Igualitario a la Justicia, ambas de la Fundación para el Debido Proceso Legal (Washington, DC, EEUU).
La delegación, que se entrevistó con organizaciones y autoridades del estado de Guerrero, constató “la preocupante crisis de seguridad y de justicia en la que se encuentran la sociedad guerrerense y sus instituciones provocada, entre otros, por deficiencias estructurales de las instituciones de procuración y administración de justicia”.
Independencia y transparencia judicial
La delegación observó la falta de un sistema claro, transparente y basado en los méritos para el nombramiento y promoción de sus funcionarios. Los principales rezagos se encuentran en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en la ausencia de un análisis exhaustivo de los candidatos propuestos para magistrados por parte del Poder Legislativo, en la concentración de poderes y en la discrecionalidad con la que actúa el Poder Ejecutivo estatal en este sentido.
Procuración de justicia
El proceso de nombramiento y libre remoción del Procurador General de Justicia preocupa a la delegación, ya que no garantiza la estabilidad en el cargo, lo que impide generar y mantener políticas de organización y división de funciones para una mejor persecución de los delitos.
La delegación constató que los tribunales y la Procuraduría no aplican los convenios internacionales firmados por el Estado mexicano como normas de obligatorio cumplimiento en el desempeño de sus funciones. Adicionalmente, se encontraron problemas de armonización legislativa entre leyes locales y el Código Penal, que afectan de manera especial a las mujeres víctimas de discriminación y violencia.
Acceso a la justicia
En el estado de Guerrero no existe un reconocimiento constitucional de la justicia indígena. Además, los expertos recibieron testimonios de graves obstáculos en el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Éstos se identifican en diversos momentos del proceso, particularmente durante la investigación. Los testimonios de miembros de los pueblos indígenas, mujeres víctimas de violencia, defensores de derechos humanos y líderes sociales ponen de relieve las graves limitaciones de la justicia para ampararlos.
Defensoría Pública
La delegación constató las fallas de la Defensoría de Oficio, que se encuentra en el ámbito del Poder Ejecutivo, dado que no cuenta con los recursos humanos y económicos suficientes para garantizar el derecho a una defensa adecuada de la población en situación de vulnerabilidad por razones de discriminación y pobreza.
Reforma penal
La delegación comprobó que los planes relativos a la Reforma Procesal Penal se reducen a lograr el cambio del sistema inquisitivo por el acusatorio en un plazo muy largo, mientras que no existen respuestas para los problemas más apremiantes de justicia y seguridad. Las alarmantes cifras de criminalidad en el estado de Guerrero exigen una respuesta inmediata sin esperar a futuras reformas.