La autonomía de los fiscales y las fiscalías es fundamental para combatir los altos índices de impunidad en nuestros países. Esta independencia es esencial para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, la presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso y la igualdad ante la ley en la investigación y la persecución criminal. Dada su estructura  jerárquica y a la necesidad de actuar bajo el principio de unidad de acción, las fiscalías requieren estándares diferenciados que protejan su autonomía, distintos a los aplicables a los poderes judiciales.

Una parte esencial de nuestras actividades incluye el desarrollo de investigaciones especializadas, el diálogo con autoridades gubernamentales y legislativas, y la promoción de estándares internacionales diferenciados sobre la autonomía de las y los fiscales y las fiscalías en América Latina. Trabajamos en identificar y abordar los desafíos que amenazan su independencia y fomentamos el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en esta materia. Ejemplo de ello es nuestro decidido y continuo respaldo a colectivos nacionales como #FiscalíaQueSirva, La Justicia Que Queremos y al Colectivo contra la Impunidemia. Asimismo, promovemos la creación de iniciativas similares en otros países.

En colaboración con organizaciones aliadas nacionales e internacionales, monitoreamos los procesos de selección de fiscales generales y otros altos fiscales especializados en la región. Promovemos procedimientos transparentes, basados en el mérito y la imparcialidad, para asegurar que los fiscales puedan desempeñar sus funciones sin influencias externas. Además, brindamos apoyo técnico a las iniciativas de la sociedad civil destinadas a promover esta agenda, especialmente en países con altos niveles de impunidad.

En DPLF, estamos comprometidos con la protección de la autonomía e independencia de los fiscales en América Latina, entendiendo que su imparcialidad y objetividad es crucial para el funcionamiento de un sistema de justicia justo y efectivo. Todas nuestras iniciativas están orientadas  a asegurar que los fiscales puedan cumplir su rol de garantes del Estado de derecho y protectores de los derechos humanos en sus países.