En El Salvador, la desaparición de personas data desde el conflicto armado (1980-1992). Esta práctica era ejecutada por agentes estatales y grupos paramilitares que actuaban bajo la aquiescencia del Estado. Se calcula que en esa época desaparecieron al menos 8,000 personas. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, se creyó que la desaparición de personas había sido erradicada. Sin embargo, en la década de los dos mil, los altos niveles de violencia postconflicto y la implementación de políticas de seguridad de “mano dura” posibilitaron su resurgimiento, esta vez a manos de agentes estatales sin vínculos con el Estado –como pandillas y otras formas de crimen organizado. Según datos oficiales y de organizaciones de familiares, se estima que entre 2019 y 2022 más de 6,400 personas fueron desaparecidas por pandillas, con indicios de colaboración y complicidad de policías y militares.
Más recientemente, en marzo de 2022, en un contexto autoritario y de deterioro democrático, el Congreso salvadoreño aprobó un estado de excepción con el alegado propósito de frenar el incremento de la violencia homicida en el país, en lo que el gobierno ha denominado “guerra contra las pandillas”. Este decreto legislativo, cuestionado por contradecir la Constitución y los estándares internacionales, ha facilitado la comisión masiva de graves violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales (policías, militares y custodios penitenciarios), como detenciones ilegales o arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
En respuesta, DPLF, junto con Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS), elaboramos y presentamos un informe ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas e involuntarias (WGEID, por sus siglas en inglés), abordando las desapariciones forzadas cometidas por el Estado en el contexto de implementación del estado de excepción, así como las desapariciones perpetradas por pandillas y crimen organizado en el marco de políticas de seguridad militarizadas en ese país. Este informe tambén destaca los principales problemas que enfrentan las familias al buscar a sus seres queridos y durante la investigación penal.
Este documento da continuidad a lo expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia temática “Desapariciones forzadas durante el estado de excepción” en noviembre de 2023.
