Este análisis fue presentado durante una audiencia temática regional durante el 147o Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2013; la audiencia analizaba la falta de independencia judicial y su impacto en en las decisiones sobre prisión preventiva en América Latina.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en ingles) con sede en Washington DC, el Centro de Derecho y Sociedad (CIDES) de Ecuador, el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, y DeJustica en Colombia, presentaron información a la Comisión sobre el impacto de la falta de independencia de operadores de justicia frente a las decisiones judiciales sobre prisión preventiva, en la región sudamericana, tomando como muestras los casos de Colombia, Ecuador, Perú y Argentina.
Según el informe, este persistente aumento de la prisión provisoria puede adjudicarse no solo a la falta de celeridad procesal, sino en gran medida a la escasa utilización por parte de los jueces de medidas alternativas a la prisión, amparados en exigencias de seguridad ciudadana formuladas desde diversos sectores que demandan cárcel sin excepción. Este y otros factores generan un clima que favorece la existencia de injerencias en las decisiones judiciales concernientes a la prisión preventiva.
