En este informe, ofrecemos una perspectiva comparativa sobre las iniciativas para mejorar la independencia judicial en América Latina.
La lucha por la independencia judicial en América Latina es un proceso constante, pero en años recientes se han producido avances importantes. A excepción de Costa Rica, recientemente todos los países incluidos en este estudio han atravesado por un proceso de transición democrática, con la terminación de sus gobiernos autoritarios o, en el caso de El Salvador y Guatemala, tras concluir su conflicto armado interno. No toda América Latina tomó el mismo camino ni todas las medidas emprendidas generaron resultados positivos. Adicionalmente, han surgido nuevos retos a la independencia judicial, tales como olas de criminalidad masiva, tráfico de drogas, así como esfuerzos por acabar con estas situaciones y, en el caso de Colombia, frecuentes amenazas en contra de los jueces por parte de los diferentes actores involucrados en el conflicto armado.
En años recientes, el poder ejecutivo ha emprendido iniciativas para incrementar el control sobre el poder judicial en Argentina, Panamá y Perú, y se han expresado inquietudes respecto a la intervención potencial del poder ejecutivo en otros países. A pesar de las nubes en el horizonte, hay un consenso significativo acerca de que en muchos países de la región, actualmente los poderes judiciales tienen un mayor grado de independencia externa –sobre todo del poder ejecutivo y del poder militar– de la que tuvieron nunca antes.
