Por: Mirte Postema

El 3 de septiembre de 2014, el Director del Sistema Penitenciario de Guatemala, Edgar Camargo, y su anterior Director Adjunto, Edy Fisher, fueron detenidos –junto con varias otras personas- por su participación en una red criminal organizada por un reo de notoriedad desde una cárcel guatemalteca.

Estas detenciones se dieron por una investigación de la Cicig, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que opera bajo el auspicio de las Naciones Unidas y a la cual se encomendó la investigación y desarticulación de aparatos clandestinos de seguridad en el país. La investigación (que continúa), reveló un secreto público penoso: un reo condenado por un delito grave, Byron Lima Oliva, es la verdadera autoridad en las cárceles guatemaltecas.

Cicig denunció que Lima tuvo privilegios inauditos, tales como tener acceso a teléfonos y al internet, recibió visitantes frecuentemente, y pudo salir de la cárcel a su gusto -y que documentó todo eso en su página de Facebook-. El poder de Lima parece haberse extendido a operar una fábrica textil dentro de la cárcel de Pavoncito usando el trabajo de otros detenidos, y de “coordinar” beneficios  para otros detenidos -tales como teléfonos celulares, comida, visitas conyugales, y los traslados de detenidos de una cárcel a otra-.

Los traslados de detenidos son un buen ejemplo de cómo operaba la red criminal: Lima recibía la petición de un detenido. Posteriormente, se pagaría una cantidad de dinero a la pareja de Lima, Alejandra Reyes (ahora también detenida), en el spa que ella operaba en la Ciudad de Guatemala. Una pequeña parte de ese dinero se entregaría a Camargo, quien entonces autorizaba el traslado. De esa manera, durante su encarcelamiento, Lima adquirió una gran cantidad de propiedades, vehículos y caballos de lujo.

Esto habría sido un escándalo en cualquier país, pero hay algo que hace que este caso sea aún más importante para Guatemala: Byron Lima Oliva no es cualquier reo. Durante el conflicto armado interno era un soldado élite, un kaibil, y quizás es más conocido por su involucramiento en el asesinato del monseñor Juan Gerardi, para el cual está cumpliendo una pena de 20 años de cárcel. (Gerardi fue asesinado en el 1998, dos días después de haber presentado un informe sobre violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto interno en Guatemala, la vasta mayoría de las cuales fueron atribuidas a las fuerzas armadas.)

Miembros de la oposición política guatemalteca, incluyendo a la diputada Delia Back, han llamado a que se haga una investigación de los lazos que tiene Lima con autoridades y políticos guatemaltecos. Las fotos en la página de Facebook ‘Byron Lima Presidente’ muestran a Alejandra Reyes posando con el actual Presidente Otto Pérez Molina, entre otros.

Las conexiones y el poder que tuvo Byron Lima desde la cárcel señalan lo que es el principal reto para Guatemala: la colusión entre el crimen organizado, las fuerzas armadas, y el gobierno. Este caso presenta la mejor oportunidad hasta este momento para identificar y desarmar esas estructuras. Si se hace correctamente -es decir, con una investigación profunda de todos los involucrados y su consiguiente enjuiciamiento ante las cortes- estas revelaciones podrían marcar un antes y un después para Guatemala.

Sin embargo, no es ningún secreto que el sistema de justicia guatemalteco enfrenta numerosos desafíos, incluyendo una falta de capacidad, corrupción, y tráfico de influencias -en gran parte, por la manipulación de los procesos de selección judicial por poderes políticos y económicos-. Este caso será una prueba de fuego para el sistema judicial, así como para la Fiscal General Thelma Aldana, quien fue nombrada después de un proceso de selección criticado por haber sido manipulado por actores políticos.

Además de lo anterior, esta investigación demuestra la relevancia de la Cicig para Guatemala, y la importancia de que se renueve su mandato cuando venza en septiembre de 2015. La continuación de la investigación y el enjuiciamiento de las estructuras ilegales de alto nivel, tales como la revelada recientemente, es clave para la democracia en Guatemala.

Mirte Postema es la oficial de programa senior del programa de independencia judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés). Síguela en Twitter: @MirtePostema