La semana pasada El Salvador dio un paso hacia adelante en la larga lucha por la justicia para las atrocidades de la guerra civil. Un tribunal de ese país calificó los hechos de la masacre de El Mozote (1981) como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, permitiendo que los acusados sean juzgados por estos cargos, en adición a los nueve delitos nacionales por los que ya habían sido acusados, incluidos el asesinato y la violación agravada.
En su decisión, el juez Jorge Alberto Guzmán Urquilla, del Juzgado de Primera Instancia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, consideró que las casi 1,000 víctimas de esa masacre fueron civiles ejecutados sistémicamente como parte de un plan de exterminio. El juez dictaminó que la aplicación de estos cargos no viola el principio de legalidad porque ya eran delitos en el momento de la masacre en virtud del derecho internacional y consuetudinario aplicable. Esta es la primera resolución de este tipo en un tribunal salvadoreño, y está en línea con la jurisprudencia latinoamericana y con la sentencia sobre el caso de año 2012, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dada elementos para sostener que en El Mozote se cometieron graves violaciones de derechos humanos, y a la vez crímenes internacionales.
Dicha decisión tiene un importante efecto simbólico, ya que refleja la gravedad de los crímenes, y la importancia de la masacre como un delito que atenta contra toda la humanidad. De hecho, el juez Guzmán Urquilla señaló en su fallo que la sola aplicación la ley penal de 1973 (ley de la época) no daría cuenta de la naturaleza sistemática y en gran escala de las atrocidades que excedieron cualquier operación militar razonable o justificable.
En junio de 2017, DPLF en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), presentó un Amicus Curiae a favor de aplicar las categorías de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en este caso. En la decisión a la que nos hemos referido, el tribunal retomó los argumentos de ese Amicus en relación a la “doble calificación”, es decir, al hecho de que el crimen de El Mozote debe juzgarse usando categorías penales tanto del derecho nacional como del derecho internacional.
El juez Guzmán Urquilla también aceptó y juramentó a los peritos propuestos por los abogados de las víctimas: Clever Alberto Pino, un coronel peruano que declarará sobre la estructura de mando de los militares, y Terry Karl, ex asesora del Congreso de los Estados Unidos durante la guerra civil salvadoreña y actualmente profesora de la Universidad de Stanford, quien testificará sobre documentos desclasificados y su significado. Los peritos propuestos por la Fiscalía General – Joanna Marroquín y Astrid Francia, antropólogas sociales del Ministerio de Cultura de El Salvador – también fueron aceptados por la corte. El peritaje de la profesora Karl es de particular importancia ya que su testimonio experto dará luces sobre este crimen como parte de un patrón de atrocidades más amplias cometidas contra la población civil, que a su vez es relevante para reafirmar la existencia de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el caso.
El juez Guzmán Urquilla no aceptó cuatro de los peritos propuestos por los abogados defensores. Uno fue rechazado por la falta de información específica sobre su experiencia, y los otros tres por su falta de imparcialidad. Dos de ellos – los generales Otto Alejandro Romero Orellana y Humberto Corado Figueroa – formaron parte de las fuerzas armadas durante el conflicto armado junto a algunos de los acusados, incluyendo el ex Ministro de Defensa, el General José Guillermo García y el General Rafael Flores Lima. Otro de ellos actuó previamente como representante legal para dos de los acusados. Al adoptar esta decisión, el juez tomó en cuenta el sentir de las víctimas; por ejemplo, María Dorila Márquez de Márquez, había expresado “no estamos de acuerdo con los peritos propuestos por la defensa porque son simpatizantes de los mismos oficiales militares y lo que buscan es encubrir la masacre de la que somos sobrevivientes”.
La decisión del juez sobre los peritos y la aplicabilidad de los crímenes internacionales en el ámbito nacional constituyen desarrollos sin precedentes que confiamos, sentarán las bases para que la justicia finalmente sea una realidad en el caso de la masacre de El Mozote y los otros casos de igual gravedad sobre el conflicto armado que aún permanecen impunes.
DPLF reconoce la labor de los abogados de Cristosal y Tutela Legal “Maria Julia Hernández”, quienes representan a las víctimas, y reitera que continuará apoyando y acompañando este proceso que está poniendo a prueba al sistema de justicia.