A pocos días de conmemorarse el vigésimo noveno aniversario de la Masacre de los Jesuitas, un nuevo acontecimiento en el caso proporciona una esperanza de justicia para los seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y su hija, asesinados por la fuerza armada, en San Salvador en noviembre de 1989:  según un comunicado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), el gobierno de El Salvador ha solicitado al Secretario General de las Naciones Unidas, que otorgue acceso a los archivos de la Comisión de la Verdad en relación con el caso.

En su informe final en marzo de 1993, la Comisión de la Verdad le atribuyó la autoría intelectual de la masacre a los altos mandos de jerarquías civiles y militares: el entonces Presidente Alfredo Cristiani y el ex Ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios. Consecuentemente, la Comisión de la Verdad recomendó una investigación imparcial completa.

La Comisión de la Verdad se estableció a través de un convenio firmado el 27 de abril de 1991, en la Ciudad de México, por los representantes del gobierno salvadoreño y el FMLN. El convenio fue incorporado en los Acuerdos de Paz. El papel principal de la Comisión fue investigar los más serios actos de violencia que ocurrieron en la guerra civil de El Salvador que empezó en 1980; conflicto que dio como resultado un estimado de 75,000 civiles muertos y miles de personas desaparecidas. Sus archivos son custodiados por Naciones Unidas en la sede de Nueva York y hasta la fecha permanecen cerrados.

El pasado 15 de marzo de 2018 se cumplieron 25 años de la publicación del histórico informe de esta Comisión de la Verdad. Ya sea para fines judiciales o de memoria histórica, expertos internacionales y salvadoreños han reiterado la importancia de que Naciones Unidas asegure el acceso a los archivos, cuidando la confidencialidad de los informantes. La petición formal en el caso de la Masacre de los Jesuitas representa la oportunidad para retomar el asunto y encontrar una solución acorde con el derecho a la verdad y los estándares internacionales.

Los asesinatos en este caso tuvieron lugar a tempranas horas del 16 de noviembre de 1989, en la residencia de los sacerdotes ubicada en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), mientras el gobierno salvadoreño había lanzado una campaña militar contra la ofensiva de la guerrilla. Los jesuitas eran conocidos por sus esfuerzos en denunciar la represión y promover el fin de la guerra a través de la negociación. Sin embargo, en ese momento el gobierno salvadoreño los veía como enemigos, y en ese contexto, decidieron silenciarlos. Una unidad militar élite, entrenada en los Estados Unidos, el conocido Batallón Atlacatl, también responsable de la masacre de El Mozote, recibió la orden de matarlos a ellos y a todo testigo, y luego encubrir el asesinato. Los asesinatos conmocionaron al mundo y trajeron más atención internacional a la situación del país, lo que eventualmente llevó a la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

Los familiares y miembros de la Comunidad Jesuita de la UCA han buscado un reconocimiento oficial de la verdad y justicia por años. Dado que los jesuitas eran ciudadanos españoles y el caso se considera como un crimen de lesa humanidad, se ha buscado la justicia penal para los responsables tanto en El Salvador como en España. En el año 2000, el caso fue llevado al sistema judicial de El Salvador (posteriormente fue cerrado basándose en argumentos sobre prescripción) y en el 2008 se presentó una demanda en España.

Uno de los presuntos responsables, el ex Coronel Inocente Orlando Montato, quien fungió como Viceministro de Seguridad Pública entre 1989 y 1992, durante el período presidencial del expresidente Cristiani, vivió en los Estados Unidos desde 2000 hasta su arresto en 2012. Fue juzgado por fraude de inmigración y perjurio La Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la decisión judicial de otorgar la solicitud el gobierno de España para extraditar al Coronel Inocente Orlando Montano a ese país para ser juzgado por los asesinatos de los seis sacerdotes. El 29 de noviembre de 2017, Montano llegó a Madrid, donde actualmente se encuentra detenido mientras se lleva a cabo el juicio.

Desde la derogatoria de la Ley de Amnistía de 1993 hace más de dos años, los abogados de la UCA (IDHUCA) han exigido al Estado de El Salvador que se lleve a a juicio a todos los colaboradores y autores intelectuales del asesinato. En noviembre de 2017, estos abogados solicitaron que el caso, que fue cerrado en el 2000, se reabriera. El 16 de abril de 2018, el juez a cargo acepto esta petición y reabrió el caso en contra de ex oficiales militares del alto mando.

Los abogados defensores de los militares han presentado un recurso de apelación de la decisión de la reapertura y al mismo tiempo solicitaron la recusación de uno de los jueces de la Cámara de Apelaciones. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse al respecto de esta recusación en los próximos días

El caso de los Jesuitas, junto con el caso de la Masacre de El Mozote, son dos de las investigaciones mas relevantes, por graves violaciones de derechos humanos, que se han reabierto por los tribunales de justicia desde la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Sin embargo, aun está por verse si la Fiscalía General de la República, responsable de presentar nuevos cargos y pruebas, asumirá protagonismo en el caso o no.

A pesar de las incertidumbres políticas que rodean este caso, el proceso judicial en España y la petición para abrir los archivos de la Comisión de la Verdad como parte del proceso penal interno, son dos caminos complementarios de gran relevancia para lograr impactos positivos en el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho. Si bien lo mejor sería que este juicio avance en El Salvador como muestra de una voluntad nacional de no repetición, la continuación del juicio en España puede traer presión internacional, que podría contribuir al progreso de esta y otras investigaciones internas en curso.