La minería ilegal de oro constituye hoy la mayor economía ilícita en el Perú y una de las principales fuentes de violaciones a los derechos humanos y de devastación ambiental en la Amazonía. Este fenómeno, estrechamente ligado a redes de corrupción y crimen organizado, impacta de forma directa en la vida, salud, derechos laborales y territoriales de miles de personas, en particular de pueblos indígenas y comunidades locales.
Conscientes de esta situación, desde la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Presidencia de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) y el colectivo País Seguro (PAS) presentamos el informe sombra Minería ilegal de oro, corrupción y crimen organizado violan derechos humanos en el Perú ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), en el marco de su Quinto Examen Periódico al Estado peruano que tuvo lugar en febrero del 2025.
El informe documenta cómo, pese a la tipificación del delito de minería ilegal en el Perú desde el año 2012, la respuesta estatal ha sido insuficiente: investigaciones paralizadas, ausencia de sanciones efectivas y un patrón de impunidad que beneficia a los líderes de las estructuras criminales que dirigen esta actividad. Este insumo busca aportar evidencia y propuestas para enfrentar un problema estructural que amenaza el futuro de la Amazonía y los derechos humanos en el Perú.
El Comité DESC, en sus observaciones finales del 27 de marzo de 2025, compartió esta preocupación: alertó sobre la pérdida de más de 30.000 hectáreas de bosques en Madre de Dios, la contaminación de los ríos amazónicos con más de 3.000 toneladas de mercurio, así como los ataques y asesinatos perpetrados por redes criminales ligadas a la minería ilegal. Además, instó al Perú a adoptar medidas urgentes contra la impunidad, garantizar la trazabilidad del oro, reforzar controles y proteger a los trabajadores de la minería formal.
