La falta de elección de las altas autoridades judiciales de 2023 agudizó los problemas de independencia e imparcialidad judicial que tiene Bolivia desde hace años y que han llevado a plantear la necesidad de una reforma judicial que garantice de manera efectiva la independencia judicial y la efectividad del sistema de justicia. Debido a esto, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), realizaron una Misión a Bolivia entre el 4 y el 7 de marzo de 2024, con el fin de recolectar información sobre el proceso de preselección y elección de las altas autoridades judiciales que estaba en curso desde el 06 de febrero de 2024 con la promulgación de la Ley No. 1549, “Ley transitoria para las elecciones judiciales”, así como del estado de la independencia judicial en el país.
El presente informe detalla los hallazgos relevados a partir de las reuniones con autoridades y miembros de la sociedad civil sostenidas en la Misión a Bolivia, así como a partir de la revisión documental de normas, estándares, informes y otros documentos relevantes sobre el proceso de preselección de las altas autoridades judiciales y la situación de la independencia judicial en el país.
Este informe está dividido en cinco partes. En primer lugar, esta introducción describe el contexto y objetivo del presente informe; posteriormente, el capítulo II se refiere a los estándares internacionales en materia de selección de autoridades judiciales y su relación con la independencia judicial aplicables al Estado boliviano. Luego, el capítulo III analiza los procesos de preselección de las altas autoridades judiciales realizados en 2023 y 2024; y el capítulo IV analiza la prórroga de los mandatos de las altas autoridades judiciales proferida por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2023.
Finalmente, el documento provee unas conclusiones y recomendaciones dirigidas a las autoridades bolivianas pertinentes, en particular a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a las autoridades del poder ejecutivo y judicial.
