Organizaciones alertan sobre decisión de la Corte de Constitucionalidad y llaman a respetar las protestas pacíficas en Guatemala

octubre 18, 2023

Las Américas. 18 de octubre de 2023.- Las organizaciones internacionales firmantes hemos dado seguimiento al desarrollo de las manifestaciones pacíficas de las últimas dos semanas en Guatemala, las cuales surgieron para exigir el respeto de la voluntad popular expresada en la segunda vuelta de las elecciones generales en agosto de este año. Las protestas también exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el director de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, por su intento de manipular los resultados de las elecciones, por su papel en la perpetuación de la corrupción e impunidad sistémica en el país, y por evitar que el presidente electo Bernardo Arévalo tome posesión en enero de 2024.

Externamos nuestra profunda preocupación por la resolución emitida hoy, 18 de octubre, 2023 por la Corte de Constitucionalidad (CC) dentro del expediente 1322-2023, que ordena al Ministerio de Gobernación y al Director de la Policía Nacional Civil a: “… ejecutar las acciones y medidas pertinentes para restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público asegurando la integridad física de trabajadores y usuarios, lo que deberá realizar en un plazo que no exceda de 6 horas”; y al Ministerio de la Defensa Nacional a “… prestar el auxilio en caso de ser estrictamente necesario y por solicitud de las autoridades cuestionadas, brindando la cooperación por medio del ejército de Guatemala, dentro del marco de sus funciones”.

Queremos alertar que esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, el discurso oficial del Organismo Ejecutivo y de las autoridades del Ministerio Público acerca de las manifestaciones en el país son indicios de una inclinación peligrosa hacia el autoritarismo y la criminalización de las personas manifestantes y constituyen una negación del derecho a la protesta, protegido por el artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala así como por el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es esencial que el Estado priorice el diálogo y evite amenazar o criminalizar a los liderazgos de las protestas, y a quienes participan en ellas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “las autoridades deben facilitar el ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta como la regla general, y no deben considerarlas como una amenaza al orden público o la seguridad interna”.

Reiteramos que las autoridades guatemaltecas deben respetar los derechos mencionados y garantizar la integridad de toda persona manifestante, absteniéndose del uso desproporcionado de la fuerza. Por lo tanto, seguimos resaltando que el Estado debe abstenerse de involucrar al ejército para resolver la situación. Y recordamos que, de conformidad con el artículo 156 de la Constitución, ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.

Solicitamos a la CIDH que otorgue de manera urgente las medidas cautelares solicitadas el 6 de octubre por las Autoridades Indígenas para que estas funjan como salvaguarda de su vida e integridad. También solicitamos al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que continúe dando seguimiento a la situación y que informe al Consejo Permanente de la OEA sobre la escalada de la crisis político-institucional. Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional en este momento en el cual la veeduría y apoyo a la población que se manifiesta exigiendo el respeto de sus derechos es imprescindible para prevenir actos arbitrarios contra las manifestaciones pacíficas.

Organizaciones firmantes: