Ciudad de México, a 14 de abril de 2016.

• La inversión privada y la «acreditación» de ACA, lejos de resolver crisis en prisiones mexicanas podría agravarla
• Persisten autogobierno, corrupción, violencia, y tratos humanos crueles y degradantes, así como deficiencias en servicios de salud, alimentación y custodia
• «Las condiciones que sufre mi familiar son desproporcionadas para él y para mi familia», denuncia la activista
• James L. Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusa opacidad en administración gubernamental de prisiones
• Comisionado federal Eduardo Guerrero Durán justifica inversión privada en construcción y operación de prisiones, en pro de un «verdadero sistema penitenciario nacional»
• Consulte video de la audiencia «Derechos de las personas privadas de libertad y la privatización del sistema penitenciario en México» [abril 7, 2016, Washington, DC]

Con el propósito de impulsar una política sobre prisiones que cumpla con el objetivo fundamental de respetar plenamente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, las organizaciones firmantes promovimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia temática en el marco de su 157 Periodo Ordinario de Sesiones.

Esta audiencia, denominada «Derechos de las personas privadas de libertad y la privatización del sistema penitenciario en México», tuvo lugar la mañana del 7 de abril pasado [2016], a partir de dos temas de la mayor preocupación en el ámbito federal: los modelos de privatización, y el modelo de acreditación mediante los cuales el Gobierno Federal pretende afrontar la ausencia de una prisión con ley en el país.

A nombre de las organizaciones peticionarias participaron Ana Aguilar García, del Instituto de Justicia Procesal Penal, AC-IJPP; una representante de Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur; María Sirvent, de Documenta, AC, y Galilea Cariño Cepeda, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (Universidad Iberoamericana Puebla), quienes insistieron en la importancia de ambas temáticas a la luz de la implementación del sistema penal acusatorio.
En tanto, la delegación del Gobierno Federal fue encabezada por Eduardo Guerrero Durán, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social desde septiembre de 2015 y extitular de la American Correccional Association (ACA) Capítulo México.

La audiencia inició con un testimonio de la representante de Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur, sobre las condiciones de aislamiento, vejación, precariedad alimenticia y de salud, malos servicios, pagos ilegales, ausencia de opciones laborales y amenazas que padece un familiar suyo privado de libertad.

«Mi familiar permanece 23 horas en su celda y sale 1 hora al patio», dijo la activista. «Para salir a cualquier área, como a visita, tiene que salir encadenado de pies y manos; las esposas le dejan marcas en las muñecas y en los tobillos, pues al no poder caminar bien tropieza y cae, provocando la burla de los custodios».

Y concluyó: «Estas condiciones de vida que sufre mi familiar son desproporcionadas para él y para mi familia. Mi familiar está interno en un penal de máxima seguridad cuya construcción y operación fue confiada a la iniciativa privada».

«La masacre acontecida en el Centro Estatal Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, en el estado de Nuevo León, en febrero pasado, donde 49 personas perdieron la vida y 12 más resultaron heridas… es la muestra más reciente y representativa de las múltiples violaciones a derechos humanos que ocurren cotidianamente en los centros penitenciarios. Una de las respuestas del Estado, ante la crisis, ha sido la de optar por esquemas de privatización y acreditación», dijo por su parte Ana Aguilar García, del IJPP.

Tales esquemas, añadió, «lejos de ajustarse a una política pública con perspectiva de derechos humanos y sustentada en diagnósticos confiables basados en evidencias, se han convertido en acciones poco transparentes, son modelos importados a México, sin tomar en cuenta las controversias que ha generado su adopción en varios países, incluyendo Estados Unidos».

Sobre la tendencia privatizadora, María Sirvent, de Documenta, AC, detalló que esta inició en 2010, bajo un esquema de asociación público-privada que pretendía, según la versión oficial, mejorar la infraestructura y los servicios, y reducir costos. «A decir de las autoridades, esta política favorece el ahorro de un 29 por ciento de la operación de servicios, además de la flexibilidad administrativa… No obstante, de acuerdo con un informe de 2013, de la Auditoría Superior de la Federación, existió un subejercicio del 40 por ciento en la aplicación del presupuesto…, lo que pone en duda la validez del argumento de la falta de disponibilidad de recursos del Estado.

«Desde 2010 se han construido 9 centros bajo una modalidad que consiste en que la empresa construirá y gestionará el centro para luego cederlo al Estado en un periodo de 20 a 30 años. Los ocho contratos celebrados con la Secretaría de Gobernación fueron adjudicados directamente», lo que no permitió establecer «criterios de evaluación claros de las propuestas presentadas vía un concurso, pues en caso de irregularidades en la construcción y el manejo de infraestructura, la ley establece que la empresa no tendrá responsabilidad».

Sirvent aludió también a los casos de opacidad en la materia documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisando que «en varias solicitudes de acceso a la información presentadas entre 2013 y 2015, la Secretaría de Gobernación calificó la información de estos contratos como reservada por considerar que comprometen la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional [no obstante que] en ningún momento se han solicitado los planos del centro, [sino que] lo que interesa y se debe dar a conocer son las condiciones de contratación, los lineamientos que tienen que respetar las empresas en la construcción y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad».

Citando el caso del CEFERESO Femenil número 16 de Morelos, denunció que la privatización «crea una oferta de espacios carcelarios que genera una demanda artificial, porque las empresas, además de conjuntar la inversión, aportan los terrenos donde se ubican los penales».

En cuanto al modelo de acreditación, Galilea Cariño Cepeda, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, expuso que dicho modelo es promovido con fondos de la Iniciativa Mérida y está a cargo de la American Correctional Association (ACA), precisando que desde 2011 se acreditaron 12 centros estatales, 5 federales, 3 para adolescentes y la Academia Nacional de Administración Penitenciaria.

«En agosto de 2014 se anunció que la ACA empezaría a trabajar con una sede en México. La ciudad de Chihuahua fue elegida para conformar la ACA Capítulo México y el presidente nombrado fue Eduardo Guerrero Durán, ex fiscal de ejecución de penas del Estado y actual comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. A la fecha, Eduardo Guerrero Durán todavía aparece en el sitio de la ACA como miembro de su comité, por lo que resulta preocupante su posición, por un lado, como funcionario y, por el otro, como miembro del comité de esta empresa».

Según describió Cariño Cepeda, este modelo no ha resuelto los problemas estructurales que aquejan al sistema penitenciario, persistiendo en los casos acreditados por ACA la violación de derechos humanos, los servicios deficientes de salud, alimentación, custodia y prevención de la violencia, los autogobiernos y la corrupción, debido a que “sus estándares no son adecuados para una certificación penitenciaria con perspectiva de derechos humanos».

Por último, en representación de las organizaciones de la sociedad civil que promovieron la audiencia, solicitó a la CIDH que: 1) «Realice un informe temático sobre el impacto de la privatización y acreditación en los derechos humanos, tanto en México como en el resto de América Latina», y 2) «Dé curso a la solicitud de medidas cautelares presentada en febrero del año pasado respecto del traslado de las mujeres internas al CEFERESO número 16», instando al Estado a que las atienda. En tanto que al Gobierno Federal le exigió: 3) «Transparentar y revisar los contratos públicos de asociación pública y privada de acreditación existentes»; 4) «Suspender los procesos de privatización y acreditación de las prisiones, e investigar los casos de violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tanto en los centros de adultos como en los de adolescentes»; 5) «Investigar el posible conflicto de interés… en relación con las funciones públicas de Eduardo Guerrero; 6) «Garantizar la supervisión independiente por parte de las organizaciones de la sociedad civil en la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal»; 7) «Permitir que los peticionarios ingresen y entrevisten a la población interna y a las autoridades de los centros privados y/o acreditados», y 8) «Garantizar la seguridad de las peticionarias y abstenerse de cualquier acto de intimidación, extorsión o amenaza en contra de las personas privadas de la libertad, sus familias y de todos y todas los defensores de derechos humanos de México».

Ante el escenario ilustrado por las organizaciones de la sociedad civil, la comisionada Esmeralda Arosemena De Troitiño inquirió acerca de la posición del Estado «respecto a la situación de los centros de detención femeninos y la realidad planteada por las peticionarias en denuncia de violaciones, de agresión a este grupo particular de detenidos».

Acerca de los servicios médicos, «si escuché bien, el Estado reconoce que enfrenta desafíos y la pregunta es si está tomando medidas actualmente para enfrentar esta cuestión, [y] de ser así, bajo qué plan, con qué pasos y con qué presupuesto», preguntó por su parte Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH.

Finalmente, el presidente James L. Cavallaro reflexionó sobre la importancia de conocer con precisión cuánto invierten las instituciones del Estado en cada persona privada de libertad, destacando la falta de transparencia: «Nadie exige saber dónde están todas las salidas de los centros, pero saber cuánto se está gastando en la construcción y cuánto se gasta por mes es algo básico para poder fiscalizar y saber lo que está pasando”.

Igualmente mencionó que en dos ocasiones en el transcurso del año pasado solicitó al gobierno mexicano que le diera a conocer la lista de los 132 estándares de la ACA, sin haber recibido respuesta hasta la fecha, y destacó la importancia de retomar las visitas a México, agradeciendo la disposición y la transparencia del Estado mexicano al facilitar la organización de visitas anteriores.

En representación del Gobierno Federal, durante la audiencia Eduardo Guerrero Durán respondió a los peticionarios que el Estado es consciente de los desafíos y para afrontarlos se ha iniciado un proceso de actualización normativa que, aseguró, concluirá este mismo año.

Justificó la inversión privada en la construcción y operación de prisiones por el déficit en la capacidad de alojamiento, mediante «un modelo de centros penitenciarios basados en contratos de prestaciones de servicios o CPS». Y negó que esta modalidad implique privatización. «Bajo ninguna circunstancia significó ni significa en la actualidad la privatización del sistema penitenciario, toda vez que la organización y administración de las prisiones en México es una responsabilidad indelegable de los poderes ejecutivos federal y de los estados».

Enseguida describió la «acreditación» de la ACA como una de las plataformas hacia una «verdadera» política de penitenciaria nacional, al estandarizar los procesos de evaluación de las prisiones.

En cuanto al posible conflicto de interés por su posible pertenencia a la ACA siendo el responsable de la política penitenciaria en México, aseguró que renunció a dicha asociación desde el 12 de septiembre del año pasado ―no obstante que en el sitio web de la ACA se le menciona como miembro del International Correctional Committee.

Si desea conocer el debate completo durante la audiencia, incluida la posición de la representación del Gobierno Federal, consulte el registro videográfico.