24 de abril de 2019.- Doce meses después del inicio de las multitudinarias movilizaciones ciudadanas en Nicaragua a favor de la justicia, libertad y democracia, organizaciones internacionales denunciamos que el país sigue inmerso en una grave crisis política y social, que afecta gravemente a la garantía y cumplimiento de los derechos humanos de los y las nicaragüenses.
El pasado 18 de abril se cumplió un año de una profunda crisis política y de derechos humanos sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua que deja un balance dramático, debido a la fuerte represión del gobierno de las manifestaciones y las reivindicaciones sociales por la democracia, justicia y el cumplimiento de los derechos humanos.
Según información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis deja un saldo hasta la fecha de 325 personas muertas; más de 3,000 heridas; un número indeterminado de desaparecidas; 777 personas detenidas arbitrariamente y enjuiciadas. De las personas detenidas, según organizaciones de la sociedad civil, 230 han sido excarceladas y se encuentran en arresto domiciliario, mientras más de 500 continúan recluidas en centros penitenciarios. Además, más de 300 profesionales de la salud han sido despedidos; 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) expulsados; más de 70 periodistas y trabajadores de medios se vieron forzados a exiliarse; y alrededor de 62,000 personas nicaragüenses han sido desplazadas forzosamente en búsqueda de refugio en países vecinos, principalmente en Costa Rica.
La gravedad de las violaciones a derechos humanos producto de la acción de las fuerzas de seguridad y de grupos para-policiales afines al gobierno ha implicado que en Nicaragua se hayan cometido delitos de lesa humanidad, de acuerdo con el informe de Grupo Internacional de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI) establecido por acuerdo entre el gobierno de Nicaragua, la CIDH y la Organización de Estados Americanos (OEA). Cabe recordar que este tipo de delitos, suponen la más alta violación de los derechos humanos conforme al derecho internacional, debido a su extrema gravedad y su ejecución intencional y generalizada contra la población civil.
A un año del inicio de la crisis y en vista de las graves violaciones de derechos humanos de las que la población ha sido víctima, las organizaciones firmantes lamentamos que el Estado de Nicaragua continúe reprimiendo a las personas que se manifiestan pacíficamente, a las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación o cualquier otro grupo social que demande justicia y democracia.
Además, denunciamos la falta de compromiso del Estado con sus obligaciones internacionales. Cabe recordar que desde la llegada de la CIDH y la OACNUDH al país meses después del inicio de la crisis, estos enfrentaron distintos obstáculos y restricciones para documentar las graves violaciones de derechos humanos y auxiliar al propio Estado en los procesos de justicia relacionados, culminando con la expulsión de ambos organismos de derechos humanos del país, e impidiendo el monitoreo y vigilancia de la situación de derechos humanos en terreno.
Desde entonces, el incansable trabajo de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos a nivel local resiste a los intentos del gobierno de acallar las voces de aquellos y aquellas que denuncian la grave situación de derechos humanos que atraviesa Nicaragua hoy. Con motivo del aniversario del inicio de las movilizaciones ciudadanas, las organizaciones internacionales que suscribimos este comunicado, nos solidarizamos con el dolor de todas las víctimas de la crisis, y les transmitimos nuestros apoyos en la lucha por una Nicaragua libre de represión y garante de los derechos humanos de todas y todos los nicaragüenses.
Reafirmando nuestro compromiso por el mantenimiento del escrutinio internacional sobre las acciones y responsabilidades internacionales del Estado de Nicaragua, las organizaciones firmantes demandamos al gobierno nicaragüense:
Primero: El cese a la represión y criminalización de la protesta social, para garantizar la vida, seguridad e integridad de la población nicaragüense poniendo fin al estado de excepción de facto que vive el país.
Segundo: La liberación total y expedita de todas las personas presas por motivos políticos, incluyendo la anulación de cualquier proceso en su contra, garantizando así la limpieza de sus expedientes personales. Asimismo, exigimos al gobierno abstenerse de hostigar o vigilar a las personas que sean liberadas; y de garantizar su vida e integridad frente a posibles agresiones.
Tercero: Garantizar la libertad de manifestación y reunión pacífica de la población nicaragüense como lo establece la propia Constitución Política de Nicaragua, en concordancia con sus obligaciones internacionales.
Cuarto: Restituir las personerías jurídicas de las organizaciones de la sociedad civil, que de manera arbitraria fueron canceladas; así como la devolución de los bienes y propiedades confiscadas.
Quinto: Garantizar la libertad de expresión a partir del libre ejercicio de la prensa, absteniéndose de criminalizar o perseguir a periodistas; restituyendo las oficinas e información confiscada; y levantando el bloqueo aduanero a insumos de la prensa impresa.
Sexto: Garantizar la participación y validación de las víctimas en cada una de las decisiones adoptadas en relación con procesos de reparación o justicia de las violaciones a derechos humanos cometidas.
Séptimo: Permitir el retorno de los mecanismos internacionales de protección y garantía de derechos humanos de la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Organizaciones firmantes
Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Front Line Defenders
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Oxfam International
Plataforma Internacional Contra la Impunidad