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Organizaciones internacionales expresan su preocupación por recientes expresiones de descrédito y hostilidad en contra de la CIDH y las organizaciones defensoras de los derechos humanos en México

COMUNICADO CONJUNTO

Las organizaciones firmantes conformamos una alianza regional que desde hace seis años trabaja en pro del fortalecimiento de la autonomía e independencia del Sistema Interamericano de Derechos (SIDH). Con este fin, nuestra alianza monitorea de forma permanente la conducta de los Estados respecto del SIDH, ya que estamos convencidos de que las relaciones de buena fe de los primeros con las organizaciones de la sociedad civil y los órganos del Sistema son la piedra angular para el funcionamiento efectivo de este último.

En este sentido, manifestamos nuestra profunda preocupación por las recientes expresiones de una política de descrédito y hostilidad propiciada o en muchos casos tolerada por el gobierno mexicano en contra de la CIDH y las organizaciones defensoras de los derechos humanos en México. Algunas de las expresiones que más preocupan a nuestra alianza son el reciente quebrantamiento de los acuerdos de trabajo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la CIDH para el caso Ayotzinapa, así como la campaña de descrédito en su contra; los señalamientos en contra de la labor de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos; y la posibilidad de que se inicie una investigación penal en contra del Secretario Ejecutivo de la CIDH.

Un diálogo constructivo debe permitir siempre un espacio para el disenso. Sin embargo, el disenso debe enfocarse y sustentarse en un debate de buena fe, sobre la base de argumentos de fondo; y no en el descrédito del o los mensajeros. Desde nuestra perspectiva, la actitud reciente del gobierno mexicano constituye una forma de obstaculizar el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos; y de minar la autonomía e independencia de los organismos internacionales, en particular de la CIDH, todo lo cual va en contra del objeto y fin de sus obligaciones internacionales.

Por lo anterior, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a que el gobierno mexicano adopte una política que facilite y propicie el trabajo independiente y en condiciones de seguridad de quienes defienden los derechos humanos. Finalmente, y no por eso menos importante, expresamos nuestra solidaridad con las organizaciones de la sociedad civil que recientemente han experimentado distintas formas de hostigamiento y estigmatización por su labor.

CELS

DPLF

DEJUSTICIA

CONECTAS

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