El 16 de febrero de 2017 la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, y Earth Rights International (ERI), presentaron un amicus curiae a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco del seguimiento a la implementación de la sentencia emitida el 27 de junio de 2012, en torno al Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Tales organizaciones recordaron que Ecuador sigue sin cumplir con la mayoría de las medidas de reparación dictadas en favor del Pueblo Sarayaku. Asimismo, destacaron las violaciones a derechos humanos derivadas de la emisión del Decreto 1247 en el 2012, y de la aprobación inconsulta de tres nuevas concesiones petroleras que afectan a más del 91% del territorio Sarayaku, entre otras medidas contrarias a lo dispuesto por la Corte IDH.

Con relación al Decreto 1247, si bien el gobierno ecuatoriano ha sostenido que su propósito es reglamentar el derecho a la consulta previa, libre e informada en el país, el escrito de amicus curiae subraya que dicha medida jamás fue consultada ni con el Pueblo Sarayaku ni con los demás pueblos y comunidades indígenas del país. En efecto, la adopción del Decreto 1247 se inscribe en un contexto regional en que la reglamentación del derecho a la consulta contrasta con el avance desmedido de las concesiones de megaproyectos de extracción y exploración de recursos naturales en territorios indígenas.

Finalmente, en el escrito de amicus curiae se recomienda a la Corte IDH declarar la incompatibilidad del Decreto 1247 con lo establecido en la sentencia de 27 de junio de 2012.