El PEI-GT es una iniciativa independiente de observación del proceso de elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de las Cortes de Apelaciones en Guatemala (2024). Este surge como una contribución al proceso democrático y al fortalecimiento del Estado de Derecho en el país, por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil con experiencia en este tipo de procesos y con amplia trayectoria de seguimiento a la situación de los derechos humanos en América Latina.
Las organizaciones que respaldaron esta iniciativa son la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Impunity Watch, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el programa ACTuando Juntas Jotay, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, Be Just, Robert F. Kennedy Human Rights, la Oficina para Mesoamérica de Protection International, Guatemala Human Rights Commission, American Jewish World Service (AJWS), la Fundación Luis von Ahn, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, American Friends Service Committee (AFSC) y CIVICUS.
El Panel estuvo integrado por Antonia Urrejola, abogada chilena, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2021), exministra de Relaciones Exteriores de Chile (2022-2023) y actualmente es experta de las Naciones Unidas para Colombia; Ana Lorena Delgadillo Pérez, abogada mexicana, fundadora y exdirectora de la Fundación para la Justicia, con más de 20 años de experiencia en la defensa de la independencia judicial y los derechos de las personas migrantes, actualmente integra el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y Sidney Blanco, académico y exjuez salvadoreño, quien integró la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador entre 2009 y 2018.
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Informes y análisis del PEI-Guatemala
Comisiones de postulación: balance y decisiones clave
En su primer informe, el PEI-GT identificó deficiencias que afectaron la etapa de preselección de candidaturas a integrar las altas cortes, como la falta de entrevistas y pruebas psicométricas, el uso de criterios que favorecen a magistrados en ejercicio y exfuncionarios públicos, y la limitación de objeciones ciudadanas. El informe subraya que la elección es crucial para la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, e insta a actores nacionales e internacionales a vigilar el proceso para evitar que se elijan autoridades judiciales con antecedentes cuestionables.
Guía para la elección de altas cortes dirigida al Congreso de la República de Guatemala
La Guía es una compilación de recomendaciones desarrolladas por el Panel para que el Congreso lleve a cabo el proceso de elección de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y tribunales equivalentes, alineándose con estándares nacionales e internacionales. Este documento destaca la necesidad de procedimientos y criterios objetivos, en concordancia con la Constitución, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, y los principios del sistema universal e interamericano de derechos humanos.
Informe final: Obstáculos y desafíos para la independencia Judicial en Guatemala
Este informe revela que el proceso de elección de altas cortes en 2024 en Guatemala se desarrolló en un contexto de debilitamiento del Estado de derecho, marcado por el uso indebido del derecho penal, la influencia externa y negociaciones políticas que obstaculizaron la selección de personas idóneas. De acuerdo con las observaciones del PEI-GT, las Comisiones de Postulación operaron con deficiencias, como plazos insuficientes, ausencia de entrevistas y votaciones en bloque, mientras que las negociaciones en el Congreso favorecieron intereses sectoriales sobre los mejores perfiles. Pese a la participación de la sociedad civil y la observación internacional, las fallas estructurales prevalecieron. El Panel resalta la necesidad de reformas profundas a la Constitución, la Ley de Comisiones de Postulación y la Ley de Carrera Judicial para garantizar un sistema pluricultural, equivativo y libre de manipulaciones externas. Leer aquí.
