Como integrantes de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana, DPLF y organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos de El Salvador se pronunciaron ante los peligros de la militarización para la seguridad ciudadanaque el gobierno de este país busca implementar a través del Plan de Control Territorial (PCT).

El PCT ha sido más una estrategia publicitaria que una política pública de seguridad, utilizada como mecanismo de presión para la aprobación de altos montos de financiamiento y una excusa para atentar contra la independencia de poderes, como ocurrió el pasado 9 de febrero de 2020. El PCT, como novedosa “política pública”, solo existe en el discurso oficial, pero en la práctica repite el abordaje de los últimos 30 años.

Las apuestas fundamentales en el tema de seguridad ciudadana deben ser la prevención de la violencia, la atención integral a las víctimas y el fortalecimiento institucional, privilegiando el diálogo y la participación ciudadana como herramienta para la creación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.