Cochabamba, noviembre de 2017.

Tras varios meses de trabajo, el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, medios de comunicación y universidades firmaron el protocolo de comunicación de la justicia, que tiene como objeto formalizar el compromiso de trabajar articuladamente para mejorar el acceso a la información judicial y precautelar la protección de los derechos de las partes en un proceso penal, a partir del cumplimiento de pautas acordadas para la entrega de información en materia judicial y la cobertura periodística a hechos y procesos penales.

El protocolo se enmarca en la Constitución Política del Estado y la normativa vigente, pero además toma como antecedente disposiciones acordadas en las Cumbres Iberoamericanas de Poderes Judiciales en los que hace varios años se ha reconocido la necesidad que fortalecer el trabajo con medios de comunicación con el propósito de fortalecer la transparencia en la administración de justicia, la independencia judicial, la protección a los derechos de las personas y el acceso a la información pública en materia de justicia.

El proceso de construcción del protocolo se desarrolló a partir de varios talleres que contaron con la asistencia técnica de la sociedad civil organizada y la importante apertura de las instituciones firmantes. Entre los temas abordados en los talleres se encuentran las garantías del debido proceso, el derecho de acceso a la información pública, los derechos de las personas imputadas y las víctimas, los derechos de adolescentes con responsabilidad penal, permitiendo a las autoridades judiciales y periodistas presentes consensuar las bases para un trabajo articulado.

En tiempos en los que el país transita hacia una reforma integral al sistema de justicia, que tiene como principal objetivo acercar la justicia a la ciudadanía, la sociedad civil organizada reconoció y felicitó el compromiso y esfuerzo del Tribunal Departamental de Justicia que a través de su presidente Dr. Rudy Siles Melgar anunció la creación de una unidad de comunicación especializada en atender y dar respuesta a las solicitudes de información presentadas por medios de comunicación y población.

Se reconoció igualmente el compromiso e iniciativa de medios de comunicación y universidades firmantes quienes asumieron el desafío de avanzar hacia una cobertura judicial que se enmarque en los derechos humanos de las partes en los procesos penales, y al mismo tiempo, se fortalezcan los procesos internos de sensibilización, formación del equipo profesional y calidad de la información que se imparte a la ciudadanía.

Los asistentes al acto de firma reconocieron que el protocolo es un hito en Bolivia y la región, a tiempo de expresar la importancia de que sea replicado a nivel nacional y en otros departamentos.

Los talleres contaron con la asistencia técnica de Fundación CONSTRUIR, Fundación TUTATOR, Fundación Esperanza en la Justicia y los Derechos Humanos, Construyendo Redes para el Desarrollo.

La iniciativa contó con el apoyo de la Unión Europea a través del proyecto  “Sociedad Civil en Acción: Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos de la población en conflicto con la Ley Penal y/o privados de libertad” (EIDHR/2015/370-194) promovido por Fundación CONSTRUIR, Asociación Un Nuevo Camino y Fundación La Paz; y el proyecto, “Fortaleciendo la Independencia Judicial en Bolivia” apoyado por la Fundación para el Debido Proceso.