A inicios de enero de 2018, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) decidieron promover la creación de un Panel Internacional para la Elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
Este Panel se encuentra integrado por tres expertos internacionales de extraordinaria trayectoria –Magdalena Correa Henao (Colombia), Antonio Maldonado (Perú) y Jan-Michael Simon (Alemania)- quienes asumieron la tarea de producir un informe que contendría una evaluación independiente de los perfiles de los 30 candidatos finalistas preseleccionados para integrar la Corte, y de la transparencia y publicidad del mecanismo de selección en general. Para esta evaluación, los expertos utilizarían las fuentes normativas de derecho interno de El Salvador, así como los estándares internacionales sobre designación de miembros de altas cortes, que resulten vinculantes para El Salvador.
El 29 de mayo de 2018, el Panel Internacional presentó públicamente las conclusiones de su Informe Final, plasmadas en un Resumen Ejecutivo. A partir del análisis de la información disponible sobre el proceso de selección, tanto ante el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) como ante la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), a cuyo acto de elección acudieron en calidad de observadores internacionales, los panelistas concluyeron, entre otras cosas, que el actual modelo tiene evidentes debilidades en su diseño e implementación, que no garantizan un proceso de selección conforme a los principios y estándares internacionales; y no responde a las actuales necesidades del Estado de Derecho y del régimen democrático en El Salvador, ni a las legítimas expectativas de la sociedad civil.
Asimismo, el Panel expuso hallazgos específicos sobre el diseño de cada una de las fases del proceso, sobre la forma en que fueron llevadas a cabo por los órganos nacionales, y presentó los resultados de su propia valoración independiente de los méritos de los candidatos, que discrepa en dos terceras partes con la lista definitiva de candidatos del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador. Finalmente, emitió recomendaciones precisas para la fase final de la elección, que se llevara a cabo ante la Asamblea Legislativa.