Organizaciones internacionales de derechos humanos llaman a Colombia y a Venezuela a actuar contra la represión transnacional.
El 13 de octubre de 2025, dos hombres no identificados dispararon contra el defensor de derechos humanos venezolano Yendri Omar Velásquez Rodríguez y el analista político colombo-venezolano Luis Alejandro Peche Arteaga, cuando ambos salían de un edificio residencial en Bogotá. Hoy, seis meses después, las personas responsables no han sido identificadas ni detenidas. Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra grave preocupación ante este estado de impunidad y el riesgo persistente que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos venezolanas en el exterior.
Yendri Velásquez, quien es fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ y miembro de Amnistía Internacional Venezuela, fue objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura en Venezuela el 3 de agosto de 2024, cuando se dirigía a Ginebra (Suiza) para participar en la 113ª sesión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Las autoridades venezolanas anularon su pasaporte ese mismo día. Tras huir a Colombia y solicitar refugio en octubre de 2024, el 13 de octubre de 2025 fue víctima de un atentado. Al momento del ataque, Yendri aún esperaba el reconocimiento de su condición de refugiado, a pesar de que había transcurrido más de un año desde su solicitud y de la evidente necesidad de protección internacional en la que se encontraba.
El 10 de diciembre de 2025, la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, la Relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión y el Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género enviaron comunicaciones formales a los gobiernos de Colombia y Venezuela solicitando información sobre el caso y la adopción de medidas urgentes para la protección de Yendri Velásquez. A la fecha de publicación de este comunicado, no se han reportado avances en la investigación penal en Colombia.
Las circunstancias del ataque apuntan a un posible caso de represión transnacional. Se necesita una respuesta efectiva por parte de la administración de justicia para identificar a las personas sospechosas de ser las responsables por el ataque. La impunidad ante estos ataques genera un efecto amedrentador en los defensores de derechos humanos venezolanos en el exterior y en la sociedad civil en su conjunto.
Con base en esta información, las organizaciones firmantes hacemos los siguientes llamados a la acción:
Al Gobierno de Colombia:
1. Avanzar de manera urgente, exhaustiva e imparcial en la investigación del ataque del 13 de octubre de 2025, incluyendo la hipótesis de una posible participación de actores estatales venezolanos, y garantizar la rendición de cuentas de los responsables.
2.Mantener y robustecer las medidas de protección para Yendri Velásquez y Luis Peche, así como adoptarlas para otros defensores de derechos humanos venezolanos en riesgo.
3. Dar cumplimiento a la sentencia SU-543/23 de la Corte Constitucional, que ordena implementar una política pública para descongestionar el trámite de las solicitudes de refugio.
4. Implementar protocolos específicos de protección para personas defensoras de derechos humanos solicitantes de asilo que enfrentan riesgos de represión transnacional.
5. Fortalecer las capacidades institucionales para prevenir posibles actos de represión transnacional.
A las autoridades en Venezuela:
1. Cooperar con las autoridades colombianas en la investigación del ataque, incluyendo la indagación sobre la posible participación de funcionarios venezolanos u otros actores asociados.
2. Responder formalmente a las comunicaciones enviadas el 10 de diciembre de 2025 por los Procedimientos Especiales de la ONU.
La represión transnacional debe ser reconocida como una amenaza para las personas defensoras de derechos humanos y se deben adoptar medidas que garanticen de forma efectiva su protección en los países de acogida.
Las organizaciones firmantes continuaremos monitoreando la situación y demandando justicia para los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche. La impunidad en estos ataques constituye una señal de tolerancia, que pone en peligro la vida de todas las personas defensoras venezolanas en el exterior.
Organizaciones firmantes:
Amnistía Internacional
CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana
Comisión Colombiana de Juristas
Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos
Freedom House
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
International Service for Human Rights (ISHR)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos
Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center
