En México, el tema de la reforma de la administración de justicia —en particular de la justicia penal— se encuentra actualmente en debate. El Poder Ejecutivo Federal presentó, en marzo del año 2004, una iniciativa para reformar el sistema de seguridad pública y justicia penal en la que se proponía realizar cambios sustantivos en los modelos vigentes: reestructurar la Policía y la Procuraduría General de la República, así como transformar el proceso penal, que actualmente es mixto con muchos rasgos inquisitivos, por otro de tipo acusatorio, adversarial y oral. En este nuevo modelo, más transparente y garantista, la labor de investigación de los delitos así como la de acusación están separadas de la de juzgamiento y se respetan los derechos del imputado, sin dejar de proteger los de las víctimas.
Aunque no existe un modelo único, una de las principales lecciones que se desprende de los procesos de reforma de la justicia implementados en otros países es la necesidad de incorporar a la sociedad civil. Sin una sociedad civil sólida y organizada, que comprenda y tome como suyos los cambios que se piensa implementar, así como las razones para hacerlo y los beneficios que traerá la reforma, es difícil imaginarse que ésta sea eficaz y sostenible en el tiempo.
Para contribuir al debate en México, el Centro Nacional para Tribunales Estatales (National Center for State Courts – NCSC) y la Fundación para el Debido Proceso (Due Process of Law Foundation – DPLF), en un trabajo conjunto con contrapartes locales y con el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), organizaron varias rondas de seminarios en diversos estados mexicanos. El objetivo de estas actividades fue familiarizar tanto a la comunidad legal como a la sociedad civil con los avances que han habido en materia de reforma de la justicia penal a nivel regional y, en particular, acerca del papel que puede tener la sociedad civil en promover, implementar y monitorear los procesos de reforma.
La presente publicación recoge algunas de las presentaciones más relevantes de los seminarios, las que han sido agrupadas en cinco capítulos. El primero presenta las experiencias de tres organizaciones de la sociedad civil que han participado activamente en los procesos de reforma de la justicia en sus respectivos países. Las dos primeras son la Fundación Paz Ciudadana (Chile) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (República Dominicana), organizaciones surgidas por iniciativa de juristas, académicos y empresarios interesados en la problemática de la administración de justicia y el Estado de Derecho, que cuentan con el apoyo del sector privado. Asimismo, incluimos en este capítulo al Colegio de Abogados de Costa Rica.
