Venezuela está en una parálisis política, así como en una crisis humanitaria.
Las autoridades adoptaron leyes y reglamentos que afectan a los derechos a la libertad de asociación y reunión.
Los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos mantuvieron el monitoreo de la situación de derechos humanos en el país y presentaron diferentes recomendaciones, las cuales en su mayoría no han sido acatadas por las autoridades.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encontró a las autoridades de alto nivel como responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y supresiones de protestantes, mientras la impunidad por los abusos de los derechos humanos sigue sin cuestionamientos. Desde que el expresidente y sus seguidores en 2004 tomaron el control de la Corte Suprema, la independencia judicial de la Corte Suprema se suspendió y los miembros de ésta han defendido abiertamente los abusos.
El enfoque del trabajo de DPLF es lo siguiente: ¿Cómo puede Venezuela resolver su crisis política para apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales por establecer una ruta de regreso a la democracia?
Trabajamos con socios para explorar medios por los cuales aquellos que cometieron crímenes de derechos humanos bajo el régimen de Maduro se hagan responsables. También exploramos cómo Venezuela podría restablecer una mayor independencia de su poder judicial, en caso de que el país vuelva a la democracia.
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