Cómo México se está rezagando en la transformación de su Fiscalía General: Nuevo informe examina el desempeño de la institución e identifica los desafíos futuros para abordar la impunidad

August 19, 2020

Foto: Rodrigo Reyes Sànchez/Flickr

Washington, D.C.—La Fiscalía General de la República (FGR) de México debe tomar medidas significativas para enfrentar de manera más efectiva la impunidad, las graves violaciones de derechos humanos y la corrupción que están contribuyendo a los más altos niveles de violencia registrados en el país. Un nuevo informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) se apoya en nuestro trabajo previo para analizar el desempeño de la FGR bajo la gestión del Fiscal General Alejandro Gertz Manero durante los primeros dieciocho meses de su mandato de nueve años. El informe identifica dónde se necesitan más acciones y avances para convertirse en una institución independiente, autónoma y eficiente, con la capacidad de operar libre de influencias políticas y garantizar la justicia para todos los mexicanos.

 

La FGR fue creada en las reformas constitucionales en México en 2014, con el propósito de reemplazar la anterior Procuraduría General de la República (PGR) por una institución que sea independiente de la presión política y capaz de perseguir los delitos de manera eficiente. Pero la FGR está aún lejos de desarrollar dicho potencial, debido en parte a la falta de voluntad política para cumplir plenamente la Ley Orgánica de la nueva institución, la cual fue diseñada para asegurar su independencia y establecer métodos más efectivos para investigar los delitos federales. Gertz ha contribuido a esta situación, al incumplir con varios aspectos esenciales de su mandato e incluso al obstaculizar varias medidas que otorgan a la sociedad civil un papel importante en el monitoreo y la orientación de las políticas de la FGR.

 

“México necesita una Fiscalía General que trabaje para reducir los niveles de violencia, corrupción y violaciones de derechos humanos, y que garantice justicia para las víctimas de los delitos”, dijo Maureen Meyer, Vicepresidenta para Programas en WOLA. “Para que la FGR alcance su potencial, las autoridades mexicanas deben adherirse debidamente a la ley que describe cómo debe funcionar la FGR, especialmente con respecto a la supervisión y participación de la sociedad civil”.

 

El informe reconoce que la FGR ha logrado importantes avances en el esclarecimiento de algunos casos de alto perfil, vinculados a hechos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, este progreso se ve opacado por las continuas denuncias de abuso y corrupción al interior de la propia Fiscalía General, así como por las preocupaciones sobre otras acciones de Gertz que impiden que la FGR se transforme en una institución más eficaz y transparente. Esto incluye especialmente la designación ilegal de fiscales especializados por parte del Fiscal General y el anuncio de intentos de reforma que serían inherentemente incompatibles con el espíritu de la FGR, según el informe.

 

“Durante sus primeros años de operaciones, la FGR tiene una oportunidad clave para sentar un precedente importante sobre cómo funcionará en el futuro”, dijo Ursula Indacochea, Directora del Programa de Independencia Judicial de DPLF. Por ello, es preocupante que la FGR solo avance en un pequeño número de casos mediáticos, cuando existen miles de víctimas que llevan décadas pidiendo justicia.”

 

La ley orgánica de la FGR estableció un marco legal importante, con aportes de la sociedad civil, que delineó cómo puede funcionar como una institución de justicia más independiente, autónoma y eficaz. Según esta ley, Gertz debe identificar las prioridades de investigación en un documento denominado Plan de Persecución Penal, en el que es clave incorporar la participación de la sociedad civil, lo cual no ha sucedido. Adicionalmente, algunos de los delitos que tienen los efectos más profundos y dañinos para la sociedad mexicana no están incluidos en las prioridades de la FGR: esto incluye los casos de feminicidio, lo cual es particularmente preocupante, pues los casos de violencia contra las mujeres se han incrementado durante la pandemia del COVID-19.

 

“México no puede fracasar en su decisión de transformar radicalmente la FGR, porque esto puede significar décadas más de impunidad. Aún existe la oportunidad de marcar el comienzo de una nueva era de justicia para México”, dijo Indacochea.

 

 

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