La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), junto con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) y el Grupo Latinoamericano y del Caribe en Seguridad y Democracia (GLACSED), desarrolló el pasado lunes 22 de junio el conversatorio Seguridad pública y crimen organizado: hacia políticas eficaces y con enfoque de derechos, un espacio de análisis sobre los desafíos que enfrenta América Latina ante la expansión, sofisticación y capacidad de captura institucional de las redes criminales.
El encuentro reunió a especialistas regionales para discutir respuestas de política pública frente al crimen organizado desde una premisa central: los derechos humanos no son un obstáculo para la seguridad, sino una condición necesaria para construir políticas eficaces, sostenibles y democráticas.
El panel contó con la participación de Ana Glenda Tager, Secretaria Privada de la Presidencia de Guatemala; Felipe Botero, Director de la Oficina Regional Andina de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC); Mercedes de Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela; Ana Dulce Aguilar, Directora Ejecutiva de CEJA; y Erika Mouynes, representante del Grupo Latinoamericano y del Caribe de Seguridad y Democracia (GLACSED). La moderación estuvo a cargo de Belén Aguinaga, Oficial de Programa de DPLF.
Durante el diálogo, las personas panelistas advirtieron que las estrategias centradas exclusivamente en la represión, el uso de la fuerza o la captura de cabecillas han demostrado ser limitadas e ineficaces. La llamada kingpin strategy –enfocada en la captura de capos o cabecillas– no necesariamente desarticula las estructuras criminales; por el contrario, puede generar disputas internas, fragmentación de organizaciones y nuevos ciclos de violencia. Asimismo, se señaló que las medidas que promueven el punitivismo o el derecho penal como única respuesta, sumadas al hacinamiento carcelario y la ausencia de programas de reinserción, han convertido a muchos sistemas penitenciarios en espacios que fortalecen redes criminales en lugar de debilitarlas.
Conversatorio “Seguridad pública y crimen organizado: hacia políticas eficaces y con enfoque de derechos”, organizado por DPLF, CEJA, GI-TOC y GLACSED.
Otro de los puntos centrales fue la captura institucional. Las personas panelistas destacaron que, en distintos países de la región, el crimen organizado no opera únicamente como un actor externo al Estado, sino que se infiltra en instituciones públicas, sistemas financieros, aduanas, fuerzas de seguridad y estructuras judiciales para garantizar impunidad, facilitar economías ilícitas y consolidar poder territorial.
El conversatorio también abordó los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia. Las fiscalías y tribunales siguen operando, en muchos casos, con herramientas fragmentadas, desactualizadas y con enfoques de investigación “caso por caso”, mientras las redes criminales utilizan tecnologías avanzadas, inteligencia artificial, fintech, criptoactivos y mecanismos financieros complejos. Frente a ello, las personas expertas subrayaron la necesidad de fortalecer capacidades para investigar de manera conjunta y eficiente la macrocriminalidad, rastrear flujos financieros, recuperar activos y proteger a jueces, fiscales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
En este contexto, la Resolución 1/24 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre crimen organizado y derechos humanos fue presentada como una hoja de ruta fundamental para los Estados. Sus recomendaciones llaman a adoptar respuestas integrales que combinen prevención social, investigación financiera, independencia judicial, protección de víctimas, cooperación regional y legislación especializada, incluyendo medidas frente al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales.
Las organizaciones enfatizaron que la seguridad pública no puede sostenerse sobre respuestas autoritarias, estados de excepción permanentes o el debilitamiento de las garantías democráticas. Por el contrario, requiere instituciones civiles fuertes, justicia independiente, presencia estatal en territorios vulnerables, políticas basadas en evidencia y mecanismos eficaces de cooperación entre países.
“El crimen organizado es un fenómeno transnacional, flexible y altamente adaptativo. Las respuestas estatales no pueden seguir siendo fragmentadas, reactivas ni desvinculadas de los derechos de las personas y comunidades afectadas”, señalaron las organizaciones convocantes.
El evento concluyó con un llamado a los Estados de la región a superar la falsa dicotomía entre seguridad y derechos humanos, y a avanzar hacia políticas públicas capaces de proteger a la población, enfrentar las redes criminales y fortalecer el Estado de derecho.
Una grabación del evento está disponible aquí.
