- La delegación constata violaciones sistemáticas de derechos humanos, entre ellas desalojos forzosos, criminalización y violencia contra los defensores de la tierra.
- Estructuras delictivas que vinculan a funcionarios gubernamentales, el crimen organizado e intereses empresariales garantizan la impunidad.
- Honduras incumple las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del Pueblo Garífuna.
- Las deficiencias institucionales y en el registro de la propiedad favorecen el despojo de comunidades indígenas de sus territorios ancestrales.
- El Decreto 93-2021 elimina garantías judiciales fundamentales, permitiendo desalojos sumarios sin orden judicial.
- El informe insta a la derogación inmediata del Decreto 93-2021 y a una reforma agraria integral.
Hoy, en un evento celebrado en Doughty Street Chambers, Londres, una delegación independiente de abogados internacionales llegó a la conclusión de que la violencia, la criminalización y los desalojos forzosos de comunidades indígenas y campesinas en Honduras no son incidentes aislados, sino componentes de una estrategia que garantiza la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos. El informe «Nuestra determinación supera nuestro miedo»: Pueblos indígenas y comunidades campesinas luchando por la tierra y el territorio, publicado hoy, detalla cómo los conflictos agrarios se han visto agravados por una arquitectura criminal que vincula los intereses de las empresas agroindustriales y extractivas, la corrupción, el crimen organizado y la complicidad o aquiescencia de las estructuras de seguridad del Estado.
«Los actos de violencia, especialmente los asesinatos de Berta Cáceres y Juan López, reflejan un patrón sistemático de ataques contra quienes defienden la tierra. Las estructuras de poder permiten que se lleven a cabo megaproyectos extractivos y agroindustriales sin tener en cuenta el coste humano». —Camila Zapata Besso, abogada especializada en derechos humanos en Doughty Street Chambers y miembro de la delegación.
La delegación viajó a Honduras en septiembre de 2025 en respuesta a una invitación de organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil hondureña. La delegación contó con el apoyo logístico y el acompañamiento del Bufete Justicia para los Pueblos y de Brigadas Internacionales de Paz (PBI). Durante su visita, los abogados recopilaron testimonios de las comunidades afectadas, se reunieron con autoridades estatales y analizaron declaraciones de organizaciones internacionales.
«Honduras es uno de los pocos países de la región que recurre a procedimientos penales como vía prioritaria para resolver conflictos sobre la propiedad de la tierra, sin que exista un control judicial sobre la validez de los títulos de propiedad en los que se basa el desalojo de comunidades indígenas y campesinas. Esta práctica es contraria a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos». —Daniel Cerqueira, director del programa Justicia Climática y Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso y miembro de la delegación.
El informe revela que:
– La violencia física y psicológica se utiliza constantemente para intimidar, desplazar y desmantelar la defensa de los territorios indígenas y las tierras campesinas.
– El delito de «usurpación» se ha utilizado sistemáticamente como arma contra los miembros de las comunidades indígenas y campesinas, sometiéndolos a procedimientos penales arbitrarios y a restricciones prolongadas de su libertad.
– El Decreto 93-2021 ha eliminado garantías procesales fundamentales, permitiendo a la fiscalía y a la policía llevar a cabo desalojos sumarios sin órden judicial, basándose únicamente en «pruebas circunstanciales», y dando prioridad a los procedimientos penales frente a los mecanismos civiles y agrarios.
«Nuestra fuerza colectiva se construye cada día al amanecer, cuando cada uno de nosotros comienza a trabajar en la tierra que nos alimenta a todos. Nuestra determinación de crear un futuro para nuestros hijos, alimentada por nuestro trabajo y nuestra solidaridad, supera nuestro miedo». — Miembros de la comunidad de la base campesina «17 de Junio», El Progreso, Yoro
El informe de la delegación insta urgentemente al Estado hondureño a:
– Derogar de inmediato el Decreto 93-2021 y reformar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para eliminar los desalojos preventivos y evitar el uso arbitrario del poder punitivo contra los defensores indígenas y campesinos
– Resolver las inconsistencias en los registros catastrales mediante un levantamiento catastral nacional, de conformidad con los compromisos internacionales de Honduras
– Supervisar y regular las actividades empresariales para prevenir violaciones de derechos humanos y daños medioambientales
– Poner en marcha la Jurisdicción Especial sobre Tierras y el Territorio, garantizando que los conflictos sobre la propiedad se resuelvan mediante procedimientos agrarios o civiles
La delegación recomienda asimismo que la comunidad internacional y los bancos multilaterales den prioridad a estas cuestiones en los diálogos políticos y comerciales con Honduras y establezcan la obligación de que todas las empresas con operaciones o vínculos en la cadena de suministro en Honduras realicen una diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente.
Notas para las y los editores:
– El informe completo está disponible aquí.
– Los miembros de la delegación están disponibles para entrevistas. Contacto: advocacy@peacebrigades.org.uk
Más información:
La delegación estaba formada por los siguientes abogados internacionales:
– Omar Gómez Trejo, consultor independiente en derechos humanos y derecho penal (México)
– Daniel Cerqueira, director del programa de Justicia Climática y Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso (Brasil)
– Camila Zapata Besso, abogada especializada en derechos humanos en Doughty Street Chambers (Reino Unido y Colombia)
Las siguientes defensoras hondureñas de derechos humanos, que trabajan en estos temas y se ven directamente afectadas por ellos, están disponibles para entrevistas:
– Kenia Oliva: abogada especializada en derechos humanos y cofundadora del Bufete Justicia para los Pueblos
– Dunia Sánchez: defensora indígena lenca y miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
El Decreto 93-2021 elimina garantías procesales fundamentales para las comunidades, como el requisito de que se haya recurrido a la «violencia o la intimidación» para que se considere que se ha cometido el delito de usurpación. Además, introduce el concepto de «desalojos preventivos», lo que permite a las autoridades hondureñas llevar a cabo desalojos sumarios sin orden judicial, basándose únicamente en «pruebas circunstanciales». Da prioridad a los procedimientos penales para resolver disputas sobre la propiedad de la tierra, en lugar de los procedimientos civiles o agrarios.
– En la página 39 del informe se puede consultar una lista detallada de las conclusiones de la Delegación.
– En la página 40 del informe se puede consultar una lista detallada de las recomendaciones de la Delegación.
– Fotografía: Peace Brigades International (PBI).
