Este artículo propone que, desde la invalidación de la ley de amnistía de El Salvador, por una decisión constitucional en julio de 2016, el país se encuentra ante una nueva oportunidad histórica, política y jurídica para abordar la impunidad en la que han permanecido los más graves crímenes ocurridos durante el conflicto armado que tuvo lugar entre 1980 y 1992. Mejoras en la rendición de cuentas por el pasado, beneficiarían la lucha contra la impunidad del presente. Los juicios de casos emblemáticos, si se hacen bien, podrían cambiar las narrativas oficiales de negación y olvido, y dar reconocimiento a las víctimas.
