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El Salvador ha firmado y ratificado los instrumentos internacionales más importantes contra la corrupción, pero no ha logrado llevar el derecho a la práctica. Ello no se debe a la falta de instituciones, sino a la forma en que éstas ejercen sus atribuciones.
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En general, no se observan condiciones que garanticen la autonomía de las instituciones de control, especialmente de la Fiscalía General. Una de las causas, es la forma en que se designa a sus titulares, altamente política y con pocas salvaguardas.
Frente a las experiencias de apoyo internacional en el combate a la impunidad de otros países del Triángulo Norte, la política que ha elegido El Salvador para enfrentar la corrupción, se basa en herramientas e instituciones estrictamente nacionales.
Sin demeritar los procesos penales que han desentrañado casos graves de corrupción y sancionado a unos pocos funcionarios de alto nivel, permanecen dudas sobre la voluntad y la capacidad de las instituciones salvadoreñas de desarticular estructuras criminales que, con distintos alcances y de diversas formas- han permeado sus intereses en las instituciones del Estado.
El informe ofrece un análisis crítico sobre las fortalezas y debilidades de los principales organismos públicos y leyes adoptados para enfrentar la corrupción. En un apartado especial, se identifican una serie de casos emblemáticos que ayudarán a ilustrar las condiciones que permitieron la gestación de los mayores episodios de desfalcos públicos que han sucedido en el país. El informe finaliza con una serie de conclusiones y recomendaciones que pueden servir como hoja de ruta para atender los desafíos planteados, o bien, consolidar los aciertos que el Estado salvadoreño ha logrado en la materia.
