Cuando el presidente Nayib Bukele cumplió su cuarto año al frente del gobierno salvadoreño, el pasado 1 de junio, hizo varios anuncios ante la Asamblea Legislativa, entre ellos, que iniciaría una «guerra contra la corrupción». Este no es un tema nuevo en su discurso; desde su campaña presidencial utilizaba como consigna «el dinero alcanza cuando nadie se lo roba», y en 2021, sostuvo que «[t]odos los corruptos irán a la cárcel, los del pasado, los del presente y los del futuro, así sean de nuestro mismo partido. Caerán todos».
En su intervención de junio, el presidente añadió que la corrupción es un problema estructural que afecta todos los ámbitos de la vida de la ciudadanía con «[…] tentáculos en todos los niveles del Estado»[2]; y enfatizó que se debe combatir frontalmente para que el Estado pueda cumplir sus fines. Hasta ahí, las ideas aparentaban ser consecuentes con estándares internacionales sobre corrupción, como lo sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al expresar que «[l]a corrupción en la gestión de los recursos públicos compromete la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones de derechos sociales, incluidos salud, educación, agua, transporte o saneamiento […]» y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que expresa que «[la corrupción es] una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad». Ambos documentos son tratados suscritos y vinculantes para El Salvador. Sin embargo, el problema de esta anunciada «guerra contra la corrupción» es la incongruencia entre el discurso y la práctica gubernamental.
Adicionalmente, el presidente Bukele comparó la lucha contra la corrupción con la arremetida que ha librado su gobierno contra las pandillas, afirmando que «[a]sí como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Así como desplegamos fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también lo haremos con los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan»[3].
Esta declaración es preocupante porque glorifica una estrategia de seguridad que ha sido severamente cuestionada por los efectos nocivos en los derechos humanos que ha provocado, especialmente el régimen de excepción y las reformas penales impulsadas en ese contexto. Los argumentos presidenciales parecen tener un propósito más de propaganda electoral que el de un compromiso real de combatir la corrupción. No es extraño que este anuncio se haga en los albores de un período electoral, buscando entusiasmar a sus miles de seguidores para preparar el terreno de su inminente reelección, ya que para el presidente Bukele es imperativo mostrarse ante la ciudadanía como un abanderado de la lucha contra la corrupción, que limpie su campaña electoral de sonados casos en los que se le relaciona –a él, a su grupo político cercano y a su familia– con este delito.
Un discurso que no rima con la realidad
Parece que, en la cultura política de todos los países, incluido El Salvador, es casi obligatorio que los gobiernos, al principio de su mandato, se comprometan a impulsar grandes cruzadas contra la corrupción, que rápidamente quedan vacías al tenor de sus resultados. En El Salvador la corrupción no ha respetado ideologías ya que todos los gobiernos de las últimas tres décadas han sido salpicados por estos delitos: cinco de los últimos seis presidentes del país, han enfrentado –o están enfrentado– procesos penales por delitos de corrupción[4].
Para el caso de gobiernos de derecha, en 1990, durante la administración presidencial de Alfredo Cristiani, se cuestionó la opacidad en la condonación y venta a capitales extranjeros de la banca y que, según investigaciones periodísticas de la época, reconcentraron estos activos en pocas manos, especialmente en las del presidente de turno: «[…] las empresas del presidente Cristiani y de su esposa figuran entre los principales accionistas de la banca privada, además de familiares»[5]. Del mismo modo, Francisco Flores y Elías Antonio Saca enfrentaron sendos procesos penales y prisión por actos de corrupción; el primero por montos superiores a los 3 millones de dólares y el segundo, por más de 300 millones.
La izquierda tampoco ha estado exenta de este flagelo, ya que los expresidentes Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén, tienen procesos judiciales en curso por malversación de fondos públicos, evasión de impuestos, entre otros delitos, por montos que, en conjunto, rondan los 500 millones de dólares. Estos y otros casos de corrupción sucedieron en gobiernos –de derecha e izquierda– que se ufanaron de haber promovido leyes que posibilitaron una inédita institucionalidad de acceso a la información, que impidieron la evasión y elusión fiscal, que combatieron el soborno y el enriquecimiento ilícito, por citar algunos logros que tales gobiernos reportaron, por ejemplo, ante el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC)[6].
Y así, llegamos a la gestión del presidente Bukele, en donde pasa lo mismo de siempre; considerando que se han denunciado muchos casos de corrupción como, por ejemplo, el blindaje anti contralor que se dio a funcionarios/as públicas/as, entre ellos al Ministro de Salud Pública, involucrados/as en la compra irregular de medicamentos para atender la pandemia por COVID-19; la falta de acción de la Fiscalía General de la República para investigar los 12 casos que reportó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) y que le costaron su cierre; las múltiples denuncias de corrupción de funcionarios/as muy cercanos al presidente, como el Director General de Centros Penales o de la Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno; por citar algunos ejemplos.
Cinco razones que impiden la lucha contra la corrupción en la administración de Bukele
Pero, más allá de los reflectores y de la invasión de mensajes de troles y seguidores/as del presidente después de su discurso de cuarto año de gobierno, es preciso revisar el contexto y las condiciones del país, para concluir que no es viable el éxito de una guerra contra la corrupción en un contexto de secuestro o anulación del Estado de Derecho. Proponemos, al menos, las cinco razones siguientes:
1. Cooptación política de la justicia y supresión de la independencia judicial. «La corrupción es un factor de inestabilidad en todo el mundo que sólo puede combatirse con un poder judicial independiente[7]».Sin embargo, desde que la administración de justicia fue doblegada a la agenda presidencial y perdió toda independencia e imparcialidad, en el país no existe ninguna garantía que impida que la persecución penal de estos delitos se haga con criterios selectivos: condescendiente con personas allegadas al presidente, incluida la familia presidencial que también ha estado salpicada de nepotismo, e implacable con sus adversarios políticos o económicos. Una muestra de esta sumisión de la justicia al poder político, la brindó el propio presidente Bukele quien anunció la primicia –y no el Fiscal General– sobre la diligencia de allanamiento de bienes a uno de sus principales adversarios políticos, el expresidente Cristiani, diligencia que se estaba practicando en el momento mismo en que el presidente rendía su informe de cuatro años en la presidencia.
Por complicidad, comodidad o por miedo, el sistema de justicia obedece las directrices del presidente, con lo cual se lesiona mortalmente cualquier intento de combatir la corrupción.
2. Anulación de los mecanismos de control interorgánicos. En la actualidad no existe ninguna institución ni órgano de Estado que escape al dominio y control del presidente Bukele. Los mecanismos de control constitucional sobre la actuación de funcionarios/as públicos/as están determinados por una correlación de fuerzas abrumadoramente favorable y obediente al presidente. De este modo, las interpelaciones de funcionarios/as públicos/as[8], la creación de comisiones legislativas especiales para atender temas de interés nacional, entre otros, son mecanismos que tiene poca posibilidad de ser aplicados, a menos que se trate de un/a funcionario/a que haya perdido el favor del mandatario. Los procesos constitucionales (amparo, inconstitucionalidad y exhibición personal) que permiten ejercer un control contra posibles actos arbitrarios de la administración pública, siguen el mismo destino: aplican eficientemente contra adversarios del poder y son ineficaces o inexistentes cuando se trata del círculo cercano al presidente.
Otras instituciones de control, como la Corte de Cuentas de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto de Ética Gubernamental, entre otros, también se han cooptado para servir a los intereses presidenciales.
3. Supresión de los mecanismos de acceso a la información pública y de rendición de cuentas. En los últimos cuatro años en el país se ha desarticulado los incipientes avances en materia de rendición de cuentas y acceso a la información pública. Una de las primeras instituciones capturada por la administración Bukele fue el Instituto de Acceso a la Información Pública, que se ha dedicado a avalar sin fundamento legal, las extensísimas listas de reservas de información pública impuestas por las diferentes carteras de gobierno, especialmente aquella referida a contratos de personas y empresas, licitaciones gubernamentales, avance de obras públicas, gastos ordinarios de las instituciones estatales, ente otras.
Hoy día, la regla general es la reserva de la información pública y la publicidad es la excepción.
4. Resistencia al escrutinio internacional. El gobierno de El Salvador, está tensionando cada vez más las relaciones con organismos internacionales que tiene mandatos y funciones de monitorear la protección de derechos humanos del país; de ese modo, el Estado salvadoreño ha dejado de asistir a audiencias públicas internacionales en diversas ocasiones y ha promovido reiteradamente narrativas confrontativas contra los organismos internacionales, especialmente cuando ha recibido cuestionamientos por violaciones de derechos humanos, durante la actual gestión.
5. Estigmatización y persecución a la sociedad civil y a la prensa de investigación. Casi desde el inicio de su gestión, la administración Bukele se ha encargado de arremeter contra las expresiones de sociedad civil que le son incómodas por la labor de fiscalización social que ejercen. La prensa ha sido blanco frecuente de estos ataques, especialmente la que investiga y devela prácticas de corrupción.
En conclusión, la «guerra contra la corrupción» anunciada por el presidente desde su campaña electoral –y que reiteró en su discurso del pasado 1 de junio– es una promesa incumplida, y emprenderla fuera del Estado de Derecho, es una de sus nuevas ideas destinada al fracaso. Todas sus ofertas sobre el tema no han presentado ningún avance: funcionamiento con independencia de la CICES, eliminación de partida secreta, nombramiento de comisionado presidencial contra la corrupción, entre otros ofrecimientos de la campaña[9]. Este nuevo anuncio presidencial no tiene nada de novedoso, pero sí mucho de qué preocuparse.
Para combatir frontalmente la corrupción hace falta más que un discurso retórico y con vocación de heroicidad publicitaria; se requiere de políticas públicas respetuosas del orden constitucional, de los derechos humanos y, consecuentemente, del Estado de Derecho. Todo lo que se haga por fuera de los cauces democráticos, está condenado al fracaso y no es otra cosa que falacias que ya hemos escuchado en el pasado.
* Juan Carlos Sánchez es especialista en derechos humanos y oficial de programa en DPLF, basado en El Salvador.
Foto: Freepik.
[1] Este artículo es una versión extendida de material previamente publicado en Diario El Mundo.
[2] El discurso de Bukele tras cumplir 4 años como presidente de El Salvador. Canal YouTube de CNN en Español. 1 de junio 2023, minuto 25.09. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Cc7ObpiVChE
[3] Ídem, minuto 27.24.
[4] Armando Calderón Sol, presidente de El Salvador entre 1994 y 1999, nunca tuvo abiertos procesos judiciales por corrupción, pero investigaciones periodísticas dan cuenta que, al menos, doce de sus funcionarios/as y colaboradores/as cercanos/as, fueron señalados en casos de corrupción. Más detalles en: https://www.revistafactum.com/la-probidad-pisoteada-en-los-tiempos-de-arena/
[5] ¿Será concentrado el Banco Central de Reserva? Revista Proceso, año 20, número 896. UCA, marzo 2000 Disponible en: https://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc896.html#eco
[6] Para más detalles consultar los informes de país ante el MESICIC. Disponibles en: https://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/paises-pais.html?c=El%20Salvador
[7] Lucha contra la corrupción con un poder judicial independiente y con integridad. Daniel Kempken. Blog de las Américas, DPLF. Marzo 2021. Disponible en: https://dplfblog.com/2021/03/23/lucha-contra-la-corrupcion-con-un-poder-judicial-independiente-y-con-integridad/
[8] La última interpelación la hizo la legislatura anterior (2018 – 2021) al actual Ministro de Defensa. En la presente legislatura no se ha utilizado esta figura.
[9] El sitio web del Plan Cuscatlán ha sido dado de baja, pero se conserva un vídeo en la página de Facebook del Presidente. Disponible en: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=517516945402322
