El 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber. Este día llama a la reflexión sobre el derecho de todos los individuos, de conocer, entre otros, los hechos y actuaciones del quehacer público, incluidos los poderes judiciales.
En la actualidad, muchas sociedades latinoamericanas resienten un distanciamiento entre la justicia y la ciudadanía. Ese distanciamiento tiene muchas causas, entre ellas los resabios de una cultura de secretismo y aislacionismo de la judicatura por un lado, y por otro, la falta de interés,comprensión e incluso educación de la ciudadanía respecto de la administración de justicia. Esta distancia empeora, aún más, la crisis de credibilidad que enfrentan muchos de los sistemas judiciales de la región. La reacción de algunos servidores judiciales frente a estos retos, es un instintivo sentimiento de querer proteger la institución del escrutinio. La solución, sin embargo, ha de ser la contraria.
Tal como expone el Presidente de la Corte Suprema de Costa Rica, Luis Paulino Mora, en la actualidad, la ciudadanía exige que la justicia se dicte con transparencia. Si los jueces no se legitiman por el voto, sino por su quehacer independiente e imparcial, es la transparencia la herramienta que han de tener los ciudadanos para asegurar esa autonomía y equidistancia de la justicia. En la Argentina, la publicidad que se ha dado a la labor del Consejo de la Magistratura a través de los medios de comunicación ha sido un factor que ha favorecido la eficacia de su labor disciplinaria, a pesar de las críticas que se hicieron a la Comisión Disciplinaria por su falta de transparencia. Sin embargo, según lo relata la congresista Marcela Rodríguez, el Consejo ha mostrado debilidades pero muchas se han dado por falta de una reglamentación adecuada y, más recientemente, por reformas a su composición.
En este número, ofrecemos también un aporte de los abogados mexicanos Juan Carlos Arjona Estévez y Carlos Treviño Vives, quienes relatan cómo la revisión de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal de su país ha generado interrogantes respecto de la relación y división entre el quehacer del Consejo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluimos, finalmente, una contribución de Dewa Mavhinga, abogado de Zimbabwe, quien expone el irrespeto del gobierno de Robert Mugabe a las decisiones del Poder Judicial. Mavhinga nos recuerda que más allá de las normas, las garantías a la independencia judicial se construyen, en la práctica, a través de compromisos firmes por parte de todos los actores políticos y sociales de un Estado. — Eduardo Betoni, Director Ejecutivo, DPLF
