La independencia judicial en Centroamérica atraviesa una etapa crítica. Lejos de ser una garantía consolidada, enfrenta ataques sistemáticos que amenazan el Estado de derecho y socavan la democracia en la región. Este informe, elaborado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Plataforma Internacional contra la Impunidad (PICI) y el Programa ACTuando Juntas Jotay, documenta las principales amenazas en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua.
En este documento se identifican patrones comunes de debilitamiento judicial, aunque con expresiones particulares en cada país. En Nicaragua y El Salvador, se constata la captura autoritaria de los sistemas de justicia. En Guatemala, preocupa el uso del sistema penal para criminalizar a personas operadoras de justicia independientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Costa Rica experimenta señales de alerta por discursos estigmatizantes y recortes presupuestarios. Honduras muestra avances en transparencia y paridad, pero la consolidación de una carrera judicial sigue siendo un tema pendiente.
El estudio analiza la conformación y funcionamiento de las cortes supremas, los mecanismos de selección y remoción de magistraturas, y la carrera judicial. Aporta además un enfoque innovador al examinar el impacto en los derechos a la libertad de expresión y asociación de las personas juzgadoras, contrastando estos hallazgos con estándares internacionales. El informe también visibiliza los obstáculos diferenciados que enfrentan mujeres, pueblos indígenas y otros grupos históricamente excluidos de los espacios de poder judicial.
Finalmente, se ofrecen conclusiones y recomendaciones para continuar fortaleciendo la independencia judicial, en el entendido que, sin esta, no es posible vivir en democracia ni tampoco garantizar los derechos humanos de las personas.
