Los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura consagran el derecho de los jueces “a constituir asociaciones de jueces u otras organizaciones que tengan por objeto representar sus intereses, promover su formación profesional y defender la independencia judicial, así como el derecho a afiliarse a ellas”.
Estas asociaciones son cruciales para asegurar una voz a los jueces dentro de los sistemas de justicia. Ellas son verdaderas vías para que los jueces reclamen ante posibles presiones internas y externas a la estructura judicial, que pongan en peligro su independencia. Estas agrupaciones son prueba, en la práctica, del compromiso de muchos jueces por una justicia imparcial y garante de los derechos humanos.
La experiencia en el hemisferio y en otras latitudes es rica en demostraciones de valentía de quienes deciden conformar este tipo de asociaciones, frente a intereses de poderes tanto internos como externos a la judicatura por desacreditar estas agrupaciones, e incluso, negarles su existencia. Lamentablemente, en América Latina, muchas de estas asociaciones han sido combatidas por jerarquías judiciales que desconocen la importancia de los disensos para una sociedad democrática y para un buen gobierno judicial.Y por buen gobierno de lo judicial nos referimos a la necesidad de que la justicia responda, de manera eficiente, a los objetivos que la población espera que ella cumpla.
Negar a los jueces una voz a través de sus agrupaciones, es negar a la justicia la posibilidad de avanzar a través del diálogo. Es por ello que, desde DPLF hemos querido ofrecerles este espacio, como reconocimiento al importante trabajo que realizan. En este número participa el Magistrado del Tribunal Supremo español Perfecto Andrés Ibáñez, quien describe la génesis y evolución del movimiento asociacionista en España, surgido como reacción al franquismo y en un contexto de graves restricciones a los derechos fundamentales. Sergio Salas Villalobos, Juez de la Corte Superior de Lima, explica el desarrollo del movimiento asociativo judicial en las sociedades democráticas contemporáneas, enfocándose en el caso peruano, donde surge como respuesta a los embates del poder político en la era Fujimori. La Jueza peruana, Antonia Saquicuray, complementa esta descripción y resalta el rol del juez en un Estado de Derecho. Por su parte, la Jueza salvadoreña, Doris Luz Rivas Galindo, apunta los triunfos que ha tenido el movimiento asociacionista en El Salvador, y los obstáculos que aun existen para su trabajo. Por último, el Magistrado del Consejo General del Poder Judicial de España, Jorge Carrera Doménech, presenta los objetivos de la Cumbre Judicial Iberoamericana, foro donde se reúnen las máximas autoridades judiciales de la región, con el fin de discutir los retos que enfrenta la actividad judicial y sus posibles soluciones.
Esperamos que este nuevo número sea de su interés y esperamos sus comentarios. — Eduardo Betoni, Director Ejecutivo, DPLF
