La organizaciones de sociedad civil venezolana que suscribimos este documento instamos a nuestras pares de América Latina y el Caribe a alzar su voz en defensa de la democracia y los derechos humanos en nuestro país. La ruptura del orden constitucional, a través de fallos dictados a finales de marzo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como la represión contra manifestaciones pacíficas y la decisión del presidente Nicolás Maduro de imponer la convocatoria fraudulenta de una Asamblea Constituyente, violando garantías constitucionales, lesionan los principios democráticos, implican graves regresiones en materia de derechos humanos y atentan contra la paz de la República.

Todas las exigencias que ha planteado un vasto sector de la sociedad civil venezolana al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, se ajustan a la Constitución vigente. Las demandas en cuestión se centran en cinco puntos: 1) Publicación de un cronograma electoral y activar los mecanismos legales que permitirían el adelanto de los comicios presidenciales; 2) liberación de presos políticos y fin de las inhabilitaciones políticas; 3) respeto a la Constitución y al parlamento venezolano; 4) establecimiento de un canal humanitario que permita mitigar la escasez de alimentos y medicinas que hoy sufren los venezolanos; y 5) desarmar a las bandas paramilitares que actúan bajo las órdenes del Gobierno.

La comunidad internacional promueve la instalación de un proceso de negociación para superar la crisis que hoy padece Venezuela. Las organizaciones autónomas de sociedad civil venezolana creen firmemente en el diálogo, pero consideran necesario que se fijen plazos, agenda y reglas claras para que este esfuerzo arroje frutos y no desemboque en una nueva frustración que eche más leña al fuego de la violencia.

En Venezuela, los intentos de diálogo no son una novedad. Al contrario, ya se han registrado al menos tres procesos, todos con el mismo resultado: un fracaso que solo ha servido para aumentar la tensión política y ha impedido avanzar en la solución de problemas graves que afectan a la mayoría de la población venezolana, como el incremento de la pobreza y el costo de la vida, el hambre y la escasez de medicinas y otros productos básicos. A continuación, se citarán esas experiencias para alertar a organizaciones de sociedad civil regionales, con el fin de evitar que se incurra en los mismos errores del pasado.

– Entre 2002 y 2003 se desarrolló la llamada “Mesa de negociación y acuerdos”, con la facilitación del entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Salvo el punto referido al referendo revocatorio, que terminó realizándose el 15 de agosto de 2004 y donde resultó ganador el difunto presidente Hugo Chávez, ninguno de los pactos firmados en esa mesa se respetó. Allí figuraban: 1) Designación de un árbitro electoral confiable; 2) la creación de una “Comisión de la Verdad” sobre los sucesos de abril de 2002; 3) la implementación de una “vigorosa campaña de desarme efectivo de la población civil”; 4) impedir que los cuerpos de seguridad sean utilizados como “instrumento de represión arbitraria o desproporcionada, así como tampoco para ejecutar acciones que impliquen intolerancia política”; 5) dejar la conducción de los cuerpos policiales en manos de autoridades civiles; 6) la consolidación del pluralismo político; y 7) equidad e imparcialidad en los medios de comunicación públicos.

Si esos puntos se hubieran cumplido, hoy Venezuela no estaría sumida en esta crisis política, social y económica que amerita la ayuda urgente de toda la región. De hecho, 14 años después, la sociedad civil venezolana sigue reivindicando esas mismas demandas, además de respuestas a las demandas sociales de la población

– Entre abril y mayo de 2014 se ensayó otro proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición política, con la facilitación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) representada por los gobiernos de Brasil, Colombia y Ecuador, y el nuncio apostólico acreditado en Caracas. La negativa del Gobierno a avanzar en temas como la liberación de los presos políticos, la instalación de una “comisión de la verdad” para investigar los hechos ocurridos en el marco de las protestas de ese año, y la renovación de los poderes públicos atendiendo a los criterios de equilibrio e imparcialidad, llevó a la oposición a abandonar el diálogo en señal de protesta.

– Gobierno y oposición emprendieron otro proceso de diálogo formalmente el 24 de octubre de 2016, con la facilitación de Unasur –representada entonces por su secretario general, Ernesto Samper- los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), y el Vaticano. De nuevo, la negativa del Gobierno a cumplir con sus compromisos liquidó la posibilidad de encontrar una solución pacífica a la crisis venezolana. En una carta enviada el 1 de diciembre de 2016 a los representantes de la oposición política venezolana, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, expresó su “dolor y preocupación” por el “inquietante retraso” en la adopción de las “medidas necesarias para la aplicación concreta de los acuerdos”. Todas esas medidas dependían del Ejecutivo para: 1) Enfrentar la escasez de alimentos y medicinas; 2) la publicación del calendario electoral; 3) respeto a la Asamblea Nacional; y 4) “acelerar el proceso de liberación de los detenidos”, calificados como presos políticos por la oposición venezolana. El Gobierno del presidente Maduro respondió a esa carta con ataques e insultos hacia la Santa Sede y el cardenal Parolin, antiguo nuncio apostólico acreditado en Caracas.

Tomando en cuenta estos graves antecedentes y ante la espiral de violencia que se ha desatado en el país, las organizaciones de sociedad civil venezolana que suscribimos este documento instamos a nuestros pares del continente a abogar por una negociación seria, con plazos, agenda y garantías, que sirva para construir una salida pacífica y democrática a la crisis, en el marco de la Constitución Bolivariana de 1999. Facilitar que el Gobierno utilice el diálogo de manera engañosa como una estrategia para ganar tiempo y legitimidad implica alejar las posibilidades de solución a la crisis y se sigan perdiendo vidas y sufriendo daños irreparables en una confrontación provocada por la cúpula en el poder, que también atenta contra la estabilidad de la región.

Vulnerando los principios del voto universal, directo y secreto, y sin consultar en referendo al pueblo venezolano, como titular de la soberanía, el presidente Maduro pretende modificar la Constitución para garantizar su permanencia en el poder y poner fin a la república y al “estado democrático y social de derecho y de justicia” en ella consagrado. Distintos voceros del Gobierno han señalado que se instalará la Constituyente para “arrasar” a la oposición, “eliminar” al Parlamento e “imponer la paz”, una paz impuesta por medio de la violencia estatal. “Constituyente o guerra”, ha dicho el presidente Maduro, desconociendo la soberanía del pueblo venezolano y negándole a los ciudadanos el derecho a decidir libremente acerca de las opciones constitucionales que permitirían superar la crisis sin hundir a Venezuela en la violencia.

Ante la amenaza de la disolución de la República, el pueblo de Venezuela requiere de la solidaridad de las organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe, que deben actuar hoy en defensa de la democracia, los derechos humanos y la paz en Venezuela.

Los cancilleres de todos nuestros países se reunirán en los próximos días en el marco de la OEA, para continuar discutiendo la crisis venezolana y las acciones que permitan una solución pronta, por medios pacíficos y democráticos. Contamos con que los gobiernos de la región, en todos sus espacios de acción política y diplomática, tengan en cuenta el drama que vive el pueblo venezolano, acompañándolo sin dilación en sus luchas por restaurar las libertades democráticas y la plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela.