La crisis en Venezuela ha estado marcada por un prolongado y sistemático debilitamiento de la institucionalidad democrática, la eliminación de la independencia judicial, la captura del Estado por redes criminales, elevados niveles de corrupción y total impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese país.
En este contexto, desde DPLF advertimos que el uso unilateral de la fuerza militar constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales del Derecho Internacional, en particular el de soberanía, la no intervención y la solución pacífica de las controversias. Este desconocimiento de las normas y principios del derecho internacional público sienta un peligroso precedente en la región y el mundo.
La salida a la crisis venezolana debe darse en el marco del respeto al derecho internacional, la voluntad popular expresada en las elecciones de julio de 2024 y la plena vigencia de los derechos humanos. Cualquier acción que ignore estos principios solo debilitará el sistema jurídico internacional y agravará la situación que actualmente enfrenta.
Las graves violaciones de derechos humanos perpetrados en Venezuela durante los últimos años deben ser investigadas de manera independiente e imparcial, y los responsables deben rendir cuentas ante las instancias competentes, tal como lo han señalado de manera reiterada la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ese sentido, corresponde a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional actuar de manera inmediata en el marco de las investigaciones bajo su conocimiento y garantizar que el proceso siga su curso.
Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos deben tener un rol activo en las actuales circunstancias, utilizando los mecanismos previstos en los instrumentos que rigen sus mandatos para promover el diálogo, la mediación pacífica y la protección efectiva de los derechos humanos del pueblo venezolano. A su vez, las autoridades venezolanas tienen la obligación de respetar la vida e integridad personal y demás derechos de todas las personas, y abstenerse de continuar con actos de persecución por motivos políticos.
Subrayamos la necesidad de priorizar soluciones multilaterales que incorporen las voces de todos los actores de la sociedad venezolana, fortalezcan el Estado de derecho y protejan a la población, evitando acciones que profundicen su sufrimiento o que agraven la inestabilidad regional. Solo a través del respeto al derecho internacional será posible avanzar hacia la verdad, la justicia, y una salida sostenible para Venezuela.
