¿Es que acaso no vemos que el Perú está tomado por el crimen organizado? Operadores mediáticos de los grupos económicos y políticos implicados en el caso Odebrecht en este país, propagan a los cuatro vientos que el Fiscal Anticorrupción José Domingo Pérez (el No. 1 del Equipo Especial Lava Jato) está parcializado contra Keiko Fujimori, la lideresa del partido político Fuerza Popular (actualmente en prisión preventiva), en el proceso judicial que se le sigue por el delito de lavado de activos (en un caso conocido como “Los cócteles de Fuerza Popular” en el que se habría disfrazado dinero ilícito que provendría de la constructora brasilera Odebrecht, bajo la forma de donaciones fantasma para la campaña política presidencial en el año 2011). Acto seguido, entra en escena el Fiscal de la Nación del Perú, Pedro Chávarry, amenazando con remover a Pérez del caso.
Pedro Chávarry, Fiscal de la Nación peruano desde junio de 2018, se encuentra –a su vez- seriamente cuestionado al haber sido sindicado como integrante de una organización criminal: “Los Cuellos Blancos del Puerto”, junto con César Hinostroza -un vocal de la Corte Suprema de Justicia, hoy prófugo detenido en España- y el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos (hoy en prisión preventiva). Pese a estos graves cuestionamientos, el Fiscal de la Nación se ha aferrado tenazmente al cargo, congelando las investigaciones que existen en su contra, y amenazando con desmantelar al equipo de fiscales que investigan a los líderes políticos Keiko Fujimori (con 81 % de desaprobación) y Alan García (con 87 % de desaprobación). Todo ello, en un contexto en el que la población peruana ha exigido su salida del cargo.
El poder del máximo titular de la fiscalía peruana es grande, y sus motivaciones para mantenerse en el cargo eran previsibles. Recientemente removió de la fiscalía, a una fiscal anticorrupción (la No. 2 del Equipo Especial Lava Jato) que preparaba un próximo interrogatorio al líder aprista y ex Presidente de la República Alan García (a quien el Estado de Uruguay le acaba de denegar una solicitud de asilo político). Esto parecería un pago de favores por parte del Fiscal de la Nación, a cambio de que las fuerzas políticas de Fuerza Popular y el APRA lo sigan protegiendo en el Congreso, frenando las múltiples acusaciones constitucionales en su contra que deben ser tramitadas en el legislativo. Pero además, este gesto puede leerse como un adelanto de la respuesta que estaría dispuesto a dar el Fiscal de la Nación, frente a actos como la orden de detención preventiva dictada contra su presunta aliada, Keiko Fujimori.
¿Cómo quedan, en este complejo escenario, los colaboradores y los testigos protegidos que han aportado tan valiosa información al fiscal José Domingo Pérez, y que permitieron sacar a la luz el entramado que ahora ha puesto en crisis a las fuerzas políticas peruanas? ¿Van a ver estos testigos, garantizada la reserva de su identidad? ¿Van a estar protegidos en cuanto a su integridad física, su vida, y la de sus familias? ¿Va a guardarse la confidencialidad de la información proporcionada? ¿Van a sentir la seguridad de que finalmente obtendrán los beneficios que ofrece el sistema de colaboración eficaz (instrumento más importante en la lucha contra el crimen organizado en el mundo)? ¿Van a querer seguir dando nombres e información sobre los integrantes de estas organizaciones criminales? ¿Van a brindar detalles de su participación, sus contactos y testaferros? ¿Van a especificar los contratos, las cifras de los pagos ilícitos, los documentos contables y regístrales, las cuentas bancarias, los chats, y demás información a la que han tenido acceso por haber integrado estas mafias o por haber sido testigos de excepción de estos graves delitos? ¿Nuevos colaboradores y testigos van a querer dar información?
La respuesta es no. Con las amenazas y abusos de un Fiscal de la Nación aparentemente alineado con la impunidad, peligra la investigación del caso más grande de mega corrupción de la historia peruana. Estos hechos tan graves y otros que se han descubierto en el último año, revelan que no estamos ante una simple organización criminal, sino que se trata, en realidad, de un cártel[1]: El “Cártel de Lima”.
Aunque algunos se quieran hacer llamar “club”, en realidad se trata de un conjunto de organizaciones criminales, como las contratistas que se coludieron con la constructora brasilera Odebrecht y con el poder político al más alto nivel, para repartirse las obras más importantes del país, beneficiándose ilícitamente con miles de millones de dólares en perjuicio del Estado peruano, acordando e implementando para ello, prácticas de autoprotección, colaboración y reparto de ganancias. El mal llamado “Club de la Construcción” comprende a treinta de las más importantes constructoras del país, las cuales todavía no han asumido sus responsabilidades. Se descubrió que se habrían coludido -durante casi una década (entre el 2007 y 2017)- para repartirse más de 100 obras públicas por más de S/. 15,000 millones de soles (unos 5 mil millones de dólares), en connivencia con las autoridades encargadas de otorgar y supervisar la construcción de carreteras, y valiéndose incluso de un ente gremial: la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), uno de los gremios más importantes del país, y con el financiamiento del sector bancario y financiero. Recordemos que el ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, obligado a renunciar en medio de otro escándalo de corrupción, y otros altos funcionarios, se pronunciaron a favor de que las empresas consorciadas a Odebrecht puedan seguir operando en el país
De esta manera, las constructoras nacionales que estaban implicadas, se presentaron ante la opinión pública como “victimizadas”, explotando una imagen de “sostén de la economía nacional”, y con una narrativa en la que ellas podrían “salvar al país”, de lo cual todos los peruanos debían estar incluso agradecidos. Culparon a las investigaciones penales del daño que ellas mismas le causaron al país (quiebras, desempleo, paralización de obras, obstaculización al sector de la construcción y al crecimiento de la economía, e incluso, del estancamiento del país).
Es decir, el mundo al revés.
Este discurso falaz, que sin duda le restaba respaldo a los fiscales y jueces encargados de investigar los grandes esquemas de corrupción, fue difundido durante todo el 2017 por los operadores políticos de las empresas involucradas, por la banca (interesada por cierto en los millones que otorgó en cartas fianza a las empresas constructoras, que quedaron al descubierto) y por el propio ex presidente Kuczynski. Pero además, la narrativa se trasladó también a los fundamentos de la legislación (Decreto de Urgencia No. 003-2017 y Proyecto de Ley No. 2408/2017-PE) con la que aseguraron el “indulto económico” a todas las empresas implicadas en el “Club de la Construcción”, librándose -por el momento- de embargos (el fideicomiso que les otorgaron lo impide) y favoreciéndose con la posibilidad de seguir ejecutando los mismos contratos con los que defraudaron al país. Dijeron que así se había asegurado el pago de la reparación civil y que por tanto ya no había perjuicio causado por las constructoras nacionales. Nada más falso. El perjuicio subsiste, es multimillonario, y la continuación de los 252 proyectos de infraestructura paralizados en el Perú, se podría convertir en el segundo capítulo de la corrupción del caso Odebrecht.
Mientras tanto, no hay culpables encarcelados, pues los tribunales peruanos revocaron la prisión preventiva ordenada contra los dueños y directivos principales del grupo económico Graña y Montero, quienes son parte de una de las pocas familias que controlan el grupo mediático El Comercio, que concentra a la mayoría de los medios de comunicación en el Perú. Desde entonces, los empresarios del mal llamado “Club de la Construcción” y de otros grupos económicos implicados, han logrado que la prensa no los mencione, y han bajado su perfil a cero, a pesar de ser parte principal e imprescindible del cártel. No quieren ser el foco de atención en la guerra por el poder político que han desatado los fujimoristas y los apristas contra el gobierno peruano, y que tiene paralizado al país desde hace más de dos años.
El Informe de la Comisión Lava Jato, una comisión parlamentaria creada para “investigar” la corrupcion de Odebrechet y controlada por los propios fujimoristas y apristas, es el resumen consolidado de todo el blindaje parlamentario corrupto que exculpa a sus líderes, Keiko Fujimori y a Alan García. Este informe infame, permite a los peruanos confirmar lo que se ha visto en décadas en nuestro país: la unión de las mafias fujimorista y aprista en el Congreso, que les ha venido garantizando impunidad política. Pero también su capacidad de controlar lo más alto de la justicia: la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación (a través del Fiscal Pedro Chavarry) y el Consejo Nacional de la Magistratura, que les ha venido garantizando la impunidad delictiva.
En el Perú, el Poder Judicial y la Fiscalía están tomados por jueces y fiscales apristas y fujimoristas en posiciones influyentes que durante décadas vienen blindando a los principales líderes de dichas organizaciones políticas, implicados en los más graves delitos. Así, en la seguridad de que no irán a la cárcel ni perderán su poder tan fácilmente han formado este cártel internacional y se han repartido miles de millones de dólares con los más grandes contratos de obras de infraestructura del país en forma delincuencial.
Con el mismo afán de impunidad, el ex presidente Alan García acaba de protagonizar un vergonzoso intento frustrado de asilo político, sin fundamento alguno y sin importarle presentar ante el mundo una pésima imagen del Perú. El ex mandatario García y su ex Ministro de Transportes Enrique Cornejo estarían en la cuerda floja, pues diversos funcionarios de su gobierno (hoy detenidos) habrían recibido sobornos por más de US$ 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, a través de la filial de la Banca Privada d’Andorra que operaba en Uruguay, en la licitación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima.
Esta es la escandalosa corrupción que el Fiscal de la Nación peruano Pedro Chávarry vendría intentando encubrir con la destitución de la fiscal Anticorrupción Erika Rocío Delgado Torres, que iba a interrogar a Alan García y con el amedrentamiento a los colaboradores eficaces y testigos protegidos que quieran delatar a alguien más de la mafia, al anunciar a la prensa que podría remover del cargo al Fiscal Anticorrupción José Domingo Pérez (el No. 1 del Equipo Especial Lava Jato).
El Presidente de la República Martin Vizcarra ha logrado salir del secuestro político en el que se encontraba el Ejecutivo a manos de Keiko Fujimori hasta mediados de este año, luego de manifestarse enérgicamente contra la corrupción del caso Lava Jato, por lo que la ciudadanía lo ha respaldado subiendo su aprobación de 45 % a 65 % en los últimos tres meses, convirtiéndose en el foco de sus expectativas, pues no ve un camino libre para la gobernabilidad del país en tanto las cúpulas de estas mafias (políticas y empresariales) no estén tras las rejas.
Está visto que las conexiones del crimen organizado que conforman este cártel están por todos lados, y que las cabezas no sólo están implicadas, sino que son sus líderes. Por ello, no se debe investigar a los implicados en forma aislada, sino como el gigantesco conglomerado de organizaciones criminales que son, como un cártel, el “Cártel de Lima”.
[1] Definición de cártel: Es una gran organización ilícita o un conjunto de organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de contratos, territorios, para llevar a cabo sus actividades criminales (no necesariamente tráfico ilícito de drogas, pudiendo ser corrupción, lavado de activos, etc.).
*Abogado penalista peruano
Foto: Ministerio Público – Fiscalía de la Nación/Flickr, Creative Commons Atribución 2.0 Genérica (CC BY 2.0)
