Un panel de personas expertas en materia de derecho internacional, justicia transicional y seguridad pública presentan hoy un informe que evalúa el alcance y las limitaciones de la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en 1992, así como su relevancia para otros procesos de superación de conflictos armados en la región.
El informe Los Acuerdos de Paz de El Salvador y la construcción de la democracia: a 30 años de su firma, elaborado por Douglass Cassel, Verónica Hinestroza y Gino Costa, señala que el proceso de paz salvadoreño demostró que el diálogo y la escucha pueden solucionar controversias y abrirle paso a la convivencia social, a una construcción conjunta donde las oportunidades de fortalecer la institucionalidad y la participación democrática sean tangibles, aunque requieran trabajo constante.
El documento reconoce que la consecución de los Acuerdos de Paz no fue un proceso fácil, en una sociedad fracturada y dividida por un sangriento y prolongado conflicto armado, así como por largos periodos de inestabilidad y autoritarismo. No obstante, la y los expertos coinciden en que los Acuerdos lograron buena parte de sus objetivos y sentaron las bases para la creación de una realidad muy diferente a la que originó y sostuvo la guerra civil.
“Los Acuerdos cerraron el capítulo bélico en El Salvador y abrieron el capítulo de las posibilidades democráticas. En los tiempos turbulentos de hoy, hay tentación de perder de vista los grandes objetivos de los Acuerdos, y abandonar el camino hacia un gobierno eficiente, civil y democrático, con división de poderes e independencia judicial y respetuoso del Estado de Derecho y los derechos humanos”, señaló Douglass Cassel, integrante del panel.
La y los expertos coinciden en que la sociedad de hoy no hubiese sido posible sin esos Acuerdos, por lo que resulta fundamental preservar y consolidar su legado. Las líneas y objetivos mínimos destacados por los Acuerdos siguen siendo relevantes para el presente y el futuro del país, pues la democratización, la (re)conciliación social y el respeto de los derechos y libertades fundamentales son pilares de toda sociedad en paz que pretende consolidar su democracia y avanzar en su desarrollo económico y social.
“El proceso que llevó a la firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador, y los acuerdos mismos son invaluables en el marco de la evolución de la justicia transicional en la región y en el mundo. Constituyen un patrimonio a ser abrazado y preservado por la sociedad salvadoreña, un norte que señala el diálogo y construcción democratica como el camino a seguir”, añadió Verónica Hinestroza.
El informe llama a conocer y reconocer los antecedentes, el significado, los alcances y la perspectiva de futuro de los acuerdos, así como a honrar a todos y todas los y las salvadoreñas que vieron su vida y derechos vulnerados en el marco del conflicto armado. Los Acuerdos no son fruto de un gobierno, son resultado de grandes esfuerzos individuales y colectivos de salvadoreñas y salvadoreños; esfuerzos que tuvieron eco en la comunidad internacional que les respaldó.
Para Gino Costa, “los Acuerdos separaron las funciones militar y policial, y crearon una Policía profesional, civil y democrática, protectora de derechos y libertades ciudadanas, y al servicio de una justicia también profesional, implacable con la delincuencia común, la corrupción y el crimen organizado. Es preciso persistir en hacer realidad estos grandes lineamientos, válidos hace treinta años y válidos para los próximos treinta”.
En estos 30 años, El Salvador no ha sido inmune a retrocesos en su construcción democrática y convivencia pacífica. Estos retrocesos se dan en circunstancias diferentes y por factores distintos a los que dieron origen a los Acuerdos, pero si no se detienen ponen en riesgo los mismos valores y aspiraciones que llevaron a un consenso el 16 de enero de 1992. Los contextos cambian, pero el norte para la no repetición debe mantenerse en beneficio de la sociedad.
De acuerdo con las Naciones Unidas, la superación de un conflicto no debe considerarse un fin en sí mismo, aislado del futuro, sino, por el contrario, como una oportunidad para construir un porvenir diferente para las sociedades, con instituciones sólidas y con oportunidades para el desarrollo. La y los autores son conscientes de que la publicación de este informe coincide con la imposición de un régimen de excepción que limita y vulnera las libertades de la ciudadanía. En este contexto, se ofrece este informe como aliciente para que el bienestar de una sociedad que ha buscado la paz y el respeto de los derechos humanos, esté en el centro de toda decisión gubernamental y de política pública.