El viernes 1 de marzo del 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública para abordar la situación del Ministerio Público en el Perú y su impacto en los derechos humanos. En esta audiencia, la CIDH recibirá información relevante sobre amenazas, presiones e influencias indebidas sobre la fiscalía, que podrían obstaculizar su funcionamiento independiente y comprometer el respeto de los principios democráticos.
El Ministerio Público, reconocido constitucionalmente como una institución autónoma, tiene la facultad de investigar y perseguir penalmente los actos ilícitos de la mayor gravedad. Su funcionamiento eficiente, y el respeto de su autonomía por parte de los demás poderes públicos, es fundamental para que persiga los delitos con objetividad, garantizando que las personas afectadas encuentren justicia y que, a su vez, se respete el debido proceso de las personas investigadas.
La manipulación y las influencias indebidas sobre la fiscalía pueden conducir a que sea utilizada para fines antidemocráticos, como generar impunidad a actores poderosos, amenazar y perseguir a periodistas, defensores y operadores de justicia independientes, o maniatar, presionar e incluso desactivar a otras instituciones del estado que ejercen funciones de control. Varios ejemplos en la región muestran que las fiscalías han sido utilizadas por el poder político para debilitar la democracia, actuando incluso para alterar los resultados de procesos electorales. Las fiscalías independientes son clave para proteger el estado de derecho en las democracias y garantizar que ninguna persona se encuentre por encima de la ley.
La solicitud de esta audiencia fue realizada a inicios de diciembre de 2023 por el Instituto de Defensa Legal-IDL (Perú), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). La solicitud se presentó durante la gestión de la entonces Fiscal de la Nación Patricia Benavides, quien actualmente se encuentra suspendida del cargo. Actualmente, este cargo es ejercido de forma interina por el fiscal supremo Juan Carlos Villena.
Durante la audiencia, las organizaciones solicitantes presentarán información sobre esta institución, así como de antecedentes que revelan influencias y presiones externas sobre ella con el fin de impedir que pueda funcionar de forma independiente. Además, aportarán información actualizada sobre amenazas, riesgos, presiones y afectaciones a la independencia de fiscales —muchos de los cuales tienen a su cargo casos de gran interés público, como corrupción o graves violaciones a los derechos humanos— y de la impunidad que se puede generar sobre tales casos.
La audiencia se llevará a cabo el viernes 1 de marzo de 2024 a las 16:00 horas de Washington DC, ante la presencia de representantes de la CIDH y de una delegación del estado peruano. Será transmitida en vivo a través de las redes sociales de la CIDH.
Contactos para prensa:
- Instituto de Defensa Legal (IDL): Patricia Wiesse, pwiese@dil.org
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL): Nadia Ferrari, nferrari@cejil.org
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF): Karen Arita, karita@dplf.org
- Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA): Lilli Legrain, mlegrain@wola.org