– La renovación parcial de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y otros altos cargos del Poder Judicial ocurre en un contexto de severos cuestionamientos sobre la independencia judicial en Venezuela. Por ello, este proceso requiere reglas claras, información pública suficiente y participación de la sociedad civil.
– Las organizaciones firmantes advierten que es indispensable que este nuevo proceso adopte una ruta transparente, verificable y abierta al escrutinio público, para evitar los vicios de discrecionalidad y la exclusión ciudadana que han caracterizado a otros procesos de designación de altas autoridades en el país.
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación ante el proceso de renovación parcial de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la reciente reforma a su Ley Orgánica, así como la selección de titulares para la Inspectoría general de Tribunales y la Dirección de la Escuela Judicial. Hacemos un llamado urgente a la Asamblea Nacional y a las instancias correspondientes a conducir este procedimiento conforme a los más altos estándares internacionales en materia de independencia judicial, transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas.
La integración del máximo tribunal del país tiene un impacto directo en la vigencia del Estado de derecho, el acceso a la justicia y la protección de los derechos de la población. Por ello, la designación de sus integrantes no puede responder a dinámicas de lealtad política, sino a una evaluación rigurosa de méritos profesionales, trayectoria jurídica, independencia y solvencia ética.
Para asegurar un proceso legítimo y democrático, las organizaciones instamos a las autoridades encargadas a cumplir de manera estricta con las siguientes exigencias:
– Publicación oportuna de un cronograma claro. Es indispensable que se difunda de manera amplia y accesible el cronograma detallado y definitivo que permita conocer cada una de las fases restantes del proceso y sus plazos.
– Difusión completa de aspirantes y hojas de vida. La lista de personas postulantes debe ser pública, junto con sus hojas de vida y soportes necesarios para evaluar su trayectoria y el cumplimiento de los requisitos establecidos. El escrutinio público solo es posible si la información sobre las capacidades técnicas y la probidad de los candidatos y candidatas está plenamente accesible.
– Establecimiento de un baremo objetivo. Previo a iniciar las evaluaciones, el Comité correspondiente debe diseñar y publicar un baremo o criterios de calificación objetivos y detallados. La selección debe basarse estrictamente en el mérito profesional, la trayectoria jurídica y la idoneidad ética, cerrando el paso a decisiones discrecionales.
– Mecanismos de impugnación y respuestas fundamentadas. El proceso debe garantizar plazos, canales e instancias claras para que cualquier persona u organización civil pueda presentar objeciones o impugnaciones debidamente sustentadas respecto de postulantes que no cumplan con los requisitos de idoneidad. Asimismo, el Comité tiene la obligación de emitir respuestas fundamentadas y públicas a cada una de las impugnaciones recibidas.
– Garantía de espacios reales de participación ciudadana. El proceso debe contemplar mecanismos efectivos que permitan a la sociedad civil dar seguimiento a cada etapa, presentar información relevante, conocer los criterios de evaluación y acceder a información suficiente sobre las decisiones adoptadas. Esto es indispensable para vigilar y verificar que la selección se realice de forma transparente, imparcial y conforme a estándares internacionales.
La independencia judicial de altas cortes es especialmente relevante para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Un TSJ autónomo e independiente es una condición indispensable para garantizar su acceso a la verdad, justicia y reparación integral, así como para prevenir la repetición de graves violaciones de derechos humanos. Esto resulta particularmente importante en un contexto en el que persisten la criminalización y las detenciones arbitrarias por motivos políticos, prácticas represivas que no han sido erradicadas y frente a las que el Poder Judicial tiene un rol determinante.
En ese contexto, las organizaciones suscritas llamamos a las autoridades parlamentarias de Venezuela a ajustar sus actuaciones a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos que regulan la selección de personas operadoras de justicia.
Asimismo, exhortamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los mecanismos internacionales pertinentes a monitorear con especial atención este proceso de renovación del TSJ, dado su impacto definitivo y directo en la independencia institucional, la lucha contra la impunidad y la vigencia de los derechos fundamentales en Venezuela.
Firman:
Acceso a la Justicia
Aula Abierta
AlertaVenezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana
CIVILIS
COFAVIC
Comisión Internacional de Juristas
Espacio Público
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos)
Robert and Ethel Kennedy Center for Human Rights
