- La posibilidad de luchar contra la corrupción en El Salvador ha sufrido retrocesos importantes a través de reformas legislativas o decisiones gubernamentales que dificultan, o directamente impiden, el acceso a la información pública necesaria para detectar actos de corrupción y la posibilidad de denunciar y sancionar estos actos.
- Medidas como la terminación abrupta de la CICIES, las remoción de altas autoridades judiciales, exclusiones de responsabilidad o una ampliación injustificada de la reserva sobre información pública constituyen los principales reveces en la lucha anticorrupción.
- El Salvador ha suscrito los principales instrumentos internacionales vinculados a la lucha contra la corrupción; por lo tanto, está obligado a adoptar medidas que cumplan con estándares internacionales para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.
San Salvador, 5 de junio de 2023.- La corrupción es un fenómeno estructural en El Salvador, que ha logrado alcanzar las más altas esferas de la gestión pública en gobiernos de distinta orientación político; sin embargo, la lucha contra este fenómeno ha experimentado retrocesos significativos recientes, según señaló hoy la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) durante la presentación de su informe Carrera de obstáculos: Confrontando las barreras para investigar la corrupción en El Salvador. En dicho informe se documenta cómo reformas legislativas y decisiones gubernamentales dificultan, e incluso impiden directamente, el acceso a la información pública necesaria para detectar actos de corrupción, así como la posibilidad de denunciarlos y sancionarlos.
En su informe, la DPLF presenta tanto los retrocesos como las herramientas y mecanismos que aún existen en la lucha anticorrupción en El Salvador, especialmente en el ámbito penal. Asimismo, describe las leyes y procedimientos legales que pueden utilizarse para identificar y denunciar actos de corrupción, y documenta los principales hitos y medidas regresivas que configuran una “carrera de obstáculos” para quienes investigan y denuncian prácticas corruptas.
“Distintos gobiernos abrazan la bandera de la lucha anticorrupción y prometen combatirla, pero la historia demuestra que estos compromisos no son serios ni sinceros si no están acompañados de acciones concretas, incluso si ello implica separar a funcionarios en ejercicio y afectar a grupos cercanos al entorno del poder” señalo Úrsula Indacochea, directora de programa de Independencia Judicial de DPLF.
Entre las regresiones identificadas se destaca la remoción abrupta e irregular de altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República, pues se trata de instituciones que cumplen un rol clave en la lucha contra la corrupción. Sumado a ello, la eliminación de las garantías de estabilidad de jueces, juezas y fiscales no solo debilitó y precarizó las carreras judicial y fiscal, sino que también les hace vulnerables ante presiones indebidas, lo cual genera condiciones para la proliferación de la corrupción en la cadena de la justicia que debe investigar, perseguir y juzgar la corrupción.
Otras de las decisiones que recrudecen el panorama fue la repentina terminación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Pese a que esta entidad obtuvo avances en investigaciones relacionadas con actos de corrupción en el contexto de la pandemia, su cierre significó la pérdida de un mecanismo internacional que podría haber dotado de un valioso acompañamiento y apoyo técnico a operadores de justicia encargados de luchar contra la corrupción.
Por otro lado, la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de declarar una reserva sobre toda la información y los informes producidos por su Sección de Probidad, en el marco de sus auditorías patrimoniales a personas funcionarias públicas, también constituye un grave obstáculo para fiscalizar el enriquecimiento indebido y para hacer efectivas sus responsabilidades penales.
Asimsimo, la legislación aprobada para exonerar de responsabilidad a quienes hayan participado en compras de bienes y servicios y ejecuciones de obra pública en el marco del manejo de la pandemia por Covid-19 otorga impunidad a funcionarios públicos y particulares que podrían haber participado de actos de corrupción. Este es un precedente negativo que lesiona los principios de integridad y transparencia en la función pública; a la vez, obstaculiza la fiscalización y el ejercicio de la acción penal en casos de corrupción.
Para DPLF, la tipificación adecuada de las conductas corruptas es fundamental para combatir la corrupción de forma eficiente, es por ello que en el informe se recomienda impulsar reformas penales que materialicen la protección de bienes jurídicos colectivos con la misma consistencia que los bienes jurídicos individuales tradicionales afectados por los actos de corrupción. Estas reformas deben incluir criterios para la adecuada identificación y reparación del daño a las víctimas concretas, individuales o colectivas cuyos derechos se ven afectados por los actos de corrupción. En esta línea, también se recomienda aprovechar la experiencia que existe en la región en relación con la reparación integral de graves violaciones a los derechos humanos.
“La comunidad internacional tiene que acompañar a El Salvador a retomar el camino de la lucha contra la corrupción y apoyar políticas públicas de transparencia, integridad y rendición de cuentas de las instituciones públicas, además de respaldar a la sociedad civil y al periodismo investigativo que denuncian actos de corrupción. La guerra contra la corrupción no se trata de usar la persecución penal contra personas específicas, sino de un compromiso que debe abarcar una transformación de toda la gestión pública”, destacó Indacochea.
Entre las recomendaciones al Estado salvadoreño, también destaca valorar el restablecimiento de un mecanismo internacional de apoyo en la lucha contra la corrupción que pueda continuar la labor interrumpida de la CICIES; crear una Fiscalía Especial contra la Corrupción; garantizar procesos transparentes, objetivos y meritocráticos en las designaciones de comisionados del IAIP; promover el respeto a la independencia institucional del Órgano Judicial y de la Fiscalía General y asumir el compromiso público de respetar y ejecutar sus decisiones; restituir la inamovilidad de los jueces y juezas y reponer en sus cargos a quienes fueron indebidamente separados, así como eliminar la práctica de las designaciones directas de jueces y juezas y sustituirla por la aplicación de procesos de selección ordinarios, entre otras medidas.
Notas para editores:
- El informe “Carrera de obstáculos: Confrontando las barreras para investigar la corrupción en El Salvador” está disponible en: www.bit.ly/carreradeobstaculos-sv
- Para entrevistas, contactar a Karen Arita Ramos: (+504) 33735772 | karita@dplf.org
- Para actualizaciones, siga DPLF en Twitter: @DPLF_info