Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la falta de esclarecimiento y sanción hasta la fecha de los actos de criminalización, incluyendo la obtención indebida de registros telefónicos, a las defensoras de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo (directora y fundadora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)), Mercedes Doretti (científica y perito en casos de graves violaciones de derechos humanos, fundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)) y Marcela Turati (periodista reconocida por sus reportajes sobre desapariciones y otras graves violaciones de derechos humanos). Estos actos fueron cometidos por agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), algunos de los cuales continúan en funciones. Presuntamente constituyeron actos de represalia por la defensa de derechos humanos realizada por las víctimas y por el ejercicio del periodismo crítico.

Como ha sido de conocimiento público a partir de una conferencia de prensa del 25 de noviembre de 2021, estas tres reconocidas defensoras de derechos humanos fueron objeto de una investigación indebida a partir del año 2016, incluyendo la obtención de registros de sus llamadas y otra información de sus teléfonos celulares, dentro de la investigación federal AP/PGR/SIEDO/UEIS/197/2011, relativa a la masacre de cientos de personas en San Fernando, Tamaulipas en 2011 (conocida como el caso de las fosas clandestinas o San Fernando II). La investigación indebida implicó que la Subprocuraduría utilizara el marco normativo especializado en materia de combate a la delincuencia organizada. Cabe resaltar que la relación que tienen las tres víctimas con la referida investigación es precisamente en su calidad de representante de las familias afectadas por la masacre (Ana Lorena Delgadillo), perito independiente (Mercedes Doretti) y periodista que ha dado cobertura a los hechos (Marcela Turati).

Nos preocupa en extremo que agentes de la SEIDO, ahora Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en vez de esclarecer diligentemente los graves hechos de las fosas clandestinas, hayan investigado a las defensoras y hayan solicitado y obtenido, de entes públicos y privados, información privada sobre las tres mujeres, incluyendo datos personales y familiares, sábanas de llamadas, mensajes de texto y ubicaciones geográficas. Los actos descritos no solamente provocan un impacto negativo en las tres mujeres defensoras y en las familias afectadas por la masacre de San Fernando, sino también contribuyen a generar un ambiente que inhibe la defensa de los derechos humanos en el país. La posibilidad de que las mujeres defensoras de derechos humanos continúen siendo perseguidas está latente, en la medida en que la Fiscalía General de la República (FGR) no se ha pronunciado acerca del cierre de la investigación en su contra y, por el contrario, continuó realizando diligencias aun después de que se presentara la denuncia en Asuntos Internos por las actuaciones irregulares de los fiscales de la FEMDO.

En este contexto, recibimos con preocupación la noticia de que, el 10 de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había cerrado la queja que habían iniciado personas integrantes de la FJEDD y otras organizaciones de derechos humanos con motivo de los hechos descritos. No obstante, tenemos conocimiento de que las víctimas se reunieron en días pasados con representantes de la CNDH, quienes se comprometieron a reabrir la queja y volver a analizar el caso. Será fundamental que la reapertura de la queja lleve a una investigación que aborde las violaciones a los derechos a la intimidad, a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, a la verdad, a recibir asesoría jurídica, a defender derechos humanos, a la libertad de prensa, entre otros, contribuyendo a garantizar la rendición de cuentas por la criminalización de las tres defensoras.

Instamos al Estado mexicano a garantizar a través de todas las vías relevantes, incluyendo la investigación penal abierta por los mismos hechos de criminalización, la sanción de estos actos, el cese de represalias semejantes y la integridad de las personas defensoras en caso de solicitar medidas de protección. Ninguna persona debe ser criminalizada por defender derechos humanos.

Firman:

Fondo de Educación del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Human Rights Watch

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Robert F. Kennedy Human Rights