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La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer una decisión histórica y muy esperada, la del caso de la población de La Oroya contra Perú. Por fin, las personas que desde 2005 buscaron en el Sistema Interamericano la justicia que no encontraron en su país, recibieron la decisión final. La sentencia de 220 páginas requiere análisis calmado. Por ahora, algunas reflexiones iniciales.
Primero, llamarle “histórico” a este caso se queda corto. El caso de La Oroya es el primero en que la Corte analiza afectaciones al derecho al ambiente sano, a la vida, integridad, información y participación, entre otros, vinculadas con contaminación industrial y la responsabilidad del Estado por no monitorear adecuadamente a la empresa causante del daño. Ello además en un contexto de profunda desigualdad, por lo cual las personas estaban en situación de vulnerabilidad. Que no de debilidad, como lo ha demostrado sus más de 20 años de impresionante acción por la justicia.
Para dar una idea de la dimensión del caso, La Oroya es el primer caso en el Sistema Interamericano de:
1. contaminación del aire,
2. ambiente en relación con una población urbana y no indígena,
3. contaminación industrial,
4. reconocimiento del impacto diferenciado y especial situación de vulnerabilidad de niñez, mujeres y personas mayores,
5. agotamiento de recursos internos con acción judicial colectiva,
6. reconocimiento de muerte de dos personas causada por la contaminación,
7. información y participación públicas en relación con el ambiente, son reconocidos como derechos esenciales para garantizar también derecho a la salud, integridad y vida.
Por fin, después de casi 20 años ante el Sistema, la Corte Interamericana declaró que el Estado de Perú es responsable por violar el derecho al ambiente sano, a la vida, la salud, la integridad, la protección de la niñez, la información y la participación pública.
Según la Corte:
– Respirar aire limpio y tener agua limpia son partes clave del derecho al ambiente sano y que el Estado debe garantizarlos. Es decir, no es normal respirar aire contaminado ni se deben sacrificar poblaciones para tener una economía viable.
Los Estados deben:
– EVITAR violaciones a derechos humanos producidas por empresas públicas y privadas. Por ello deben adoptar medidas legislativas y otras, para prevenir daños. Deben también investigar, castigar y reparar dichas violaciones,
– UTILIZAR todos los medios a su alcance para evitar daños significativos al ambiente en general, y al aire y al agua en particular
– PREVENIR daños, una obligación vinculada con el deber de garantizar el derecho a la salud, vida digna e integridad personal,
– CONTROLAR de manera efectiva y cuando, como en La Oroya, se conceden múltiples prórrogas a las empresas para ponerse al día con marcos legales, se incumple el deber de protección a los derechos humanos.
En cuanto a las Empresas, la Corte concluyó que “DEBEN EVITAR que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar violaciones a derechos humanos, y adoptar medidas dirigidas a subsanar dichas violaciones. El Tribunal consideró que la responsabilidad de las empresas es aplicable con independencia de su tamaño o del sector, sin embargo, sus responsabilidades pueden diferenciarse en la legislación en virtud de la actividad y el riesgo que conlleven para los derechos humanos.”
La Corte Interamericana también reiteró que el ambiente es un derecho humano y además, un interés universal y fundamental para la existencia de la humanidad. Dado el impacto en este caso que afectaba toda la ciudad, para la Corte la afectación fue individual y colectiva.
Determinó además que el principio de precaución esta relacionado con la obligación del Estado de preservar el ambiente, así como con la garantía de derechos para las generaciones futuras.
La decisión de la Corte hace énfasis en que la responsabilidad del Estado es especialmente relevante dado que en La Oroya, el Estado conocía desde hace décadas acerca de la grave situación de contaminación, respecto a lo cual no había controversia, y los impactos que esto causaba en los derechos humanos. Aun así, el Estado no implementó las acciones adecuadas para la protección de los derechos humanos. En especial de quienes estaban en mayor situación de vulnerabilidad, es decir niños, niñas, mujeres y personas mayores.
Por todo esto, el Estado deberá indemnizar a las personas de La Oroya por todos los daños causados, además de implementar medidas de diagnóstico y tratamiento médico integral y efectivo para todas las personas. Incluso, deberá hacer un plan de remediación ambiental y para quienes así lo decidan, reubicar a las personas en zonas que no estén contaminadas.
Por encima de los avances y estándares de la Corte, este caso es inmensamente importante por lo que implica. Una situación que hace 20 años era descrito como un caso perdido por autoridades e incluso por muchas organizaciones. Un proceso en que pocas personas creían que en realidad se rompiera la impunidad constante en Perú y en la región, cuando de rendir cuentas a las empresas se trata. Sin embargo, estas docenas de personas optaron por la búsqueda de la justicia. La mayoría mujeres, muchos padres y madres que inspirados por el amor a sus niñas y niños, se enfrentaron a todo para protegerles. A pesar de las presiones, de la falta de información y de las duras circunstancias.
Con esa determinación y acompañadas por AIDA, APRODEH y múltiples organizaciones y personas que brindaron apoyo fundamental científico, legal, sicológico, emocional y religioso, para recorrer un camino completamente inexplorado, hacia la justicia. Además de la decisión sin precedentes en el Sistema Interamericano, también inspiraron decisiones en el poder judicial y legislativo sin precedentes en Perú.
Por todo ello, felicidades a todas las personas que participaron en este largo e importante proceso, en el cual la coordinación fue esencial, un proceso del que agradezco haber sido parte. Agradecimientos profundos por hacer posible lo que un día parecía imposible. Un hito importante hoy, que inspira muchas generaciones.
*Créditos de fotografías: Astrid Puentes
