Desde julio hasta octubre de este año, en el Perú se está desarrollando el proceso de selección que renovará la totalidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la institución que define la carrera profesional de jueces, juezas y fiscales, desde el nivel provincial o especializado, hasta el nivel supremo, y que también define quiénes liderarán dos de las instituciones más importante del sistema electoral (el Registro Civil -RENIEC-, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales -ONPE-). La nueva composición de la JNJ, de 7 integrantes, decidirá como parte de sus funciones, la permanencia en sus cargos de los operadores y las operadoras de justicia y de autoridades del sistema electoral, del 2025 al 2030.
Este proceso se da, como una mala coincidencia, en medio de una feroz pugna por la impunidad en diversos procesos judiciales e investigaciones fiscales anticorrupción.
Por un lado, la Fiscalía y el Poder Judicial tienen involucrados a varios funcionarios del gobierno de Dina Boluarte, del gobierno del exdictador Alberto Fujimori, y de todos los gobiernos anteriores, incluidos varios líderes de partidos políticos hoy representados en el Congreso y exmilitares, por casos de graves violaciones a los derechos humanos no solo de los años 90 sino también por las matanzas en las protestas del 2022 y 2023. Además, hay casos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado, a raíz de conocidos sucesos que remecieron al país como el “Caso Lava Jato” desde el 2015, o como los “CNM audios” del 2018 que destaparon toda una red de corrupción en las altas esferas del sistema de justicia. Los escándalos de corrupción no paran, por ejemplo, los audios que involucran al actual Ministro del Interior y al gobierno con la presunta protección del líder del partido político que llevó a Pedro Castillo y Dina Boluarte a la presidencia, Vladimir Cerrón, desde hace varios meses prófugo de la justicia.
Por el otro lado, los congresistas de la República vinculados a estos grupos políticos investigados han iniciado una contra ofensiva de desmantelamiento de las facultades de la Fiscalía que le permitía combatir el crimen organizado, así como de la institucionalidad del sistema de justicia. Proponen, además crear de grupos de fiscalización política a jueces y juezas, denuncias constitucionales para hostigar y sacar de sus cargos a fiscales y jueces supremos (lo lograron con la fiscal suprema Zoraida Avalos, reincorporada posteriormente al cargo con un amparo judicial), y abogan por la eliminación de instituciones que han hecho control del abuso de poder de autoridades fiscales que favorecían la impunidad (a través, por ejemplo, de la creación de una “Escuela Nacional de la Magistratura” para reemplazar a la JNJ en medio del control disciplinario a la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides, que en el Peru ha actuado de manera muy similar a la Fiscal General Consuelo Porras de Guatemala).
Lo que ha permitido esta contraofensiva, es (i) la captura masiva a espacios centrales del Estado por parte de actores políticos investigados, luego de que por abuso del poder se cerrara el Congreso de la República, (ii) un angosto sistema electoral que no amplía la oferta política partidaria, y (iii) el interés por detener las investigaciones y los procesos judiciales que en este 2024 han llegado a etapas importantes (por ejemplo, el inicio del juicio oral del caso “Cocteles”, por presunto lavado de dinero en la campaña política hacia la presidencia del país, del 2011, de Keiko Fujimori, hija del ex dictador).
El Congreso junto con el Poder Ejecutivo han dado fuertes señales de que son actores relacionados del crimen organizado y a economías ilegales las que desde allí, están impulsando esta contraofensiva. El reciclaje de personajes vinculados a denuncias de corrupción del pasado, junto con la elección de funcionarios otrora abogados de personas investigadas, así lo señalaría. Por ejemplo, el actual Ministro del Interior del gobierno de Boluarte ha desactivado el equipo especial de la policía para la investigación de actos de corrupción en el poder, y fue abogado de, según la Fiscalía, un cabecilla de una organización criminal que se dedicaba a cobrar cupos en un conocido recinto penitenciario del norte del país.
Además, acaba de ser elegido como Presidente del Congreso Eduardo Salhuana, quien ha sido vinculado a la minería ilegal por el impulso de proyectos de ley que le favorecen y el patrocinio ejercido a favor de un minero ilegalLa Mesa Directiva en el Congreso para el periodo 2024-2025 la conforman partidos políticos cuyos líderes, investigados por la justicia, son los más poderosos del país en la actualidad (Salhuana integra el partido Alianza Para el Progreso, cuyo líder es César Acuña, investigado por lavado de activos y quien no puede ingresar a Estados Unidos según ha trascendido, por la querella contra el periodista Acosta; Patricia Juárez integra Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori, actualmente en juicio oral; Waldemar Cerrón integra Perú Libre, liderado por su hermano prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón; y Alejandro Cavero integra Avanza País).
Con ello, no es difícil percatarse que el sistema de justicia es el objetivo central de los investigados no solo para lograr impunidad, sino también para perpetuarse en el poder. Una estrategia solo comparable, e incluso que podría superar, a la desarrollada en la dictadura de Alberto Fujimori. En esa estrategia, ante jueces y fiscales que resisten el atroz embate, ya el Congreso se ha asegurado una carta importante que podría funcionarle: la selección de integrantes de la Junta Nacional de Justicia, institución de la que hablamos al inicio de este artículo.
¿Cómo están influyendo estas fuerzas antidemocráticas, en este proceso de selección? Pues, 3 de los 7 integrantes que elegirán a la nueva composición de la JNJ, son personas directamente elegidas por este Congreso: El contralor general de la república, el presidente del Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo que preside este grupo (los demás integrantes son el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, un rector de las universidades públicas y otro de las universidades privadas). La elección de estas autoridades por el poder político ya le ha dado réditos a los grupos investigados por la justicia: el presidente del Tribunal Constitucional fue uno de los artífices de la ilegal liberación de Alberto Fujimori (en contra de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) quien postulará a la presidencia del 2026 (junto con Keiko Fujimori), y el Defensor del Pueblo ha demandado la inconstitucional ante éste Tribunal Constitucional, de la ley de extinción de dominio al, según indica, violar la propiedad privada y la seguridad jurídica al trasladar bienes al Estado sin tener una sentencia judicial firme. No obstante, de declararse fundada esta demanda, le quitará una importante herramienta a la Fiscalía y la Procuraduría contra el crimen organizado.
Los demás funcionarios tampoco son incuestionables, salvo, el actual Fiscal de la Nación: al Presidente del Poder Judicial se le acusa de violar la ley de la carrera judicial al recibir una condecoración de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, investigada por la matanza de protestantes en el 2022 y 2023; el rector representante de las universidades públicas no tiene inscrito en registros públicos el poder que lo acredita como tal, mientras que la rectora representante de las universidades públicas ha sido cuestionada por su actuación ante la represión de la policía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que generó la violación de derechos humanos de casi 200 personas manifestantes en enero del 2023.
Así, la Junta Nacional de Justicia, cuyo control es clave para los propósitos de quienes buscan impunidad, ha sido punto de ataque desde el año pasado cuando comenzó a investigar disciplinariamente a la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ante ello, el Congreso respondió, primero tratando de remover a todos sus integrantes, luego ante el escándalo internacional, solo inhabilitó ilegalmente a dos de los integrantes de la Junta (hoy repuestos por el Poder Judicial), y posteriormente como ya ha sido indicado, pretendió eliminarla de la Constitución, lo que no se logró por la preocupación pública de diversos actores internacionales y embajadas. Hoy, con algunos de sus elegidos en la Comisión que elegirá a la nueva JNJ, las fuerzas antidemocráticas que operan desde el Congreso tienen influencia en ese proceso de selección, un recambio institucional que les va como anillo al dedo para la amenaza efectiva contra los operadores de justicia que los investiguen.
El requisito central de este proceso de selección está fallando: que los encargados de seleccionar den garantía de ser y parecer imparciales e independientes del poder político y criminal. Esa garantía, como se acaba de describir, no existe. Y las consecuencias no se han hecho esperar: un proceso sin la debida y efectiva transparencia y participación ciudadana (como la MIO-Perú ha constatado), que atrae muchas candidaturas con perfiles altamente cuestionados (relacionados a estos partidos políticos e investigados por organización criminal).
Esta dinámica de copamiento de las instituciones de control por parte de grupos pro impunidad, se logró contener parcialmente durante la elección de la composición de la JNJ en 2019: el recuerdo fresco de los “CNM audios” destapados el 2018, la movilización ciudadana, y un Congreso con menos representantes de partidos pro-impunidad lo hicieron posible. Ahora, en el 2024, el escenario es diferente: las masacres del 2022 y 2023 han frenado la movilización a nivel nacional, así como la crisis económica, alimentaria y de seguridad ciudadana por la corrupción; la dictadura y el abuso del Congreso avalado por el Ejecutivo, el Defensor del Pueblo e incluso el Tribunal Constitucional. Para los operadores de justicia que vivieron la dictadura de Fujimori, la situación y avasallamiento actual es peor, y por ello mismo las organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales (como WOLA, CEJIL y DPLF) han solicitado que el país sea considerado en el capítulo 4B del Informe Anual de la CIDH, al lado de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Si la dictadura fujimorista generó la atención internacional en el año 2000, lo que acontece hoy debiera con mayor razón generar la alarma regional. El sistema de justicia, que tiene como garante central de la independencia judicial y fiscal a la Junta Nacional de Justicia, está en franco peligro de ser capturado y se logrará, con efectividad, arrasar con los operadores de justicia que se opongan a los planes de impunidad del crimen organizado. Aún estamos a tiempo para evitarlo.
