En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe trascendental en el cual se analizó a profundidad el vínculo entre corrupción y derechos humanos. La conclusión central es contundente: la corrupción viola los derechos humanos.
El vínculo entre la lucha contra la corrupción y la protección de derechos humanos
La corrupción y la violación de derechos humanos no son problemáticas idénticas, sin embargo, con frecuencia se presentan de manera conjunta. Esta interrelación se refleja cada vez más en el discurso académico sobre ambos temas.
En 2021 y 2023, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó dos resoluciones sobre el impacto negativo de la corrupción en los derechos humanos. La resolución de 2023 destaca explícitamente medidas anticorrupción que pueden servir como instrumentos para la protección de los derechos humanos y llama a una mayor cooperación entre el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El ACNUDH ha designado un punto focal sobre corrupción y derechos humanos y ha promovido que sus oficinas nacionales trabajen con la sociedad civil. Además, actualmente organiza talleres regionales en América Latina, Asia, África y Europa con el objetivo de consolidar la cooperación entre las organizaciones que luchan contra la corrupción y las que defienden los derechos humanos. No obstante, aún es posible potenciar más estas sinergias. Organizaciones como DPLF y otras no gubernamentales han trabajado activamente en fortalecer estos vínculos.
Perspectivas diferentes
Existen varios y distintos tipos de responsabilidad originados en la corrupción: puede ser responsabilidad internacional del Estado, o la responsabilidad individual de naturaleza política o jurídica en los ámbitos penal, civil o administrativo. Como resultado, existen mecanismos e instrumentos muy diversos y especializados para combatir el flagelo. Además, las perspectivas de las organizaciones involucradas en la problemática pueden ser muy diferentes.
Los códigos penales, por ejemplo, tradicionalmente se orientan más en investigar y sancionar a los imputados, mientras la perspectiva de derechos humanos se enfoca más en las víctimas de actos corruptos, y las posibilidades de ellas mismas y de organizaciones no gubernamentales de participar en los litigios. En este contexto, últimamente se puede observar una cierta apertura en los sistemas judiciales de varios países hacia la participación ciudadana en los sistemas judiciales.
Por ejemplo, en España la ley permite a ciudadanas/os y entidades jurídicas participar en procesos penales a través de la llamada “acusación popular“. En República Dominicana, el artículo 6 del Código Procesal Penal concede a todo habitante el derecho a participar en la administración de justicia en la forma y condiciones establecidas en el código. Específicamente, el párrafo III del artículo 85 de ese Código señala que: [e]n los hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos […], pueden constituirse como querellantes las asociaciones, fundaciones y otros entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan incorporado con anterioridad al hecho. En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante.
En Honduras, el artículo 96 del Código Procesal Penal prevé la participación de cualquier persona, natural o jurídica, como acusador privado contra funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones haya violado derechos humanos. Así, por ejemplo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fue parte del proceso penal por corrupción iniciado a partir del asesinato de Berta Cáceres, directora de la organización. Aunque al comienzo las cortes se negaron, la figura jurídica de amicus curiae que se usó en el caso jugó un rol importante para que esta decisión fuera revertida.
Por otro lado, la persecución penal de la corrupción normalmente tiene un enfoque sobre casos individuales; generalmente falta un enfoque sistemático, lo que dificulta combatir las estructuras criminales, precisamente en casos de gran corrupción. En este contexto la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, 2006-2019) hizo una gran labor, actuando con un enfoque sistemático que vinculó corrupción, derechos humanos y criminalidad organizada, incluyendo la reforma de las leyes correspondientes. Aunque la corrupción y el crimen organizado son fenómenos diferentes, en muchos casos se presentan de manera conjunta.
El reto de la causalidad jurídica
Precisamente, en los procesos judiciales hay un aspecto crucial que es demostrar la causalidad entre el acto corrupto y la violación de derechos humanos, o sea el daño desde un punto de vista legal. La causalidad también es relevante para el tema de las reparaciones por daños que han sufrido las víctimas. Se trata de un tema jurídico que a menudo tiene una complejidad bastante marcada. Por eso, en muchos casos hay que considerar también acciones extrajudiciales que no dependan tanto de la estricta causalidad jurídica.
Observatorios de los sistemas judiciales
Los observatorios jurídicos pueden desempeñar un rol muy importante. El gran reto en este trabajo se muestra en la verificación y la valoración de la información. No solo la información sino también la desinformación puede ser enorme. Se necesita grandes esfuerzos y conocimientos profundos en la materia correspondiente a los casos concretos. La inteligencia artificial puede ayudar en ciertas situaciones. Sabiendo que las posibilidades de las organizaciones observadoras son bastante limitadas, hace falta tener una estrategia de monitoreo ciudadano, en la cual se determine las prioridades de la observación y las metodologías que se usarán.
Precisamente, hay que tomar decisiones sobre qué asuntos concretos se investigarán, cómo hacerlo y qué hacer con los resultados, sea una campaña de información para la ciudadanía, sean denuncias enfocadas en ciertos actos corruptos de interés público bastante pronunciados o concentrarse en los intereses de las víctimas o en el tipo de imputados. Generalmente la sociedad civil necesita mensajes contundentes, que visibilicen la gran incidencia de la corrupción. Como ha sido mencionado antes, en algunos países y situaciones es posible que la sociedad civil actúe como coadyuvante de la fiscalía en procesos penales por corrupción y otros.
En el contexto de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA se estableció un mecanismo de seguimiento de la implementación (MESICIC). El mecanismo informa las Conferencias de los Estados Parte de la Convención. A nivel técnico del MESISIC se reúnen expertos de la materia una o dos veces al año. En el contexto mundial, la Coalición UNCAC reúne a casi 400 organizaciones de la sociedad civil en más de 120 países para monitorear la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Romper los silos para integrar derechos humanos en la lucha contra la corrupción
Organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional deberían integrar la perspectiva de los derechos humanos más explícitamente en sus mecanismos de evaluación y monitoreo de proyectos.
Por su parte, la ACNUDH y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas disponen de diferentes instrumentos y mecanismos para observar y promocionar los derechos humanos, entre los que destacan se encuentran el Examen Periódico Universal (EPU), los mecanismos de los órganos de los tratados, visitas in loco, informes y procedimientos relacionados con quejas individuales. Valdría la pena elaborar un informe conciso que describa el complejo sistema que integra dichos mecanismos para que organizaciones de la sociedad civil que se concentran en anticorrupción o en derechos humanos puedan evaluar con más facilidad opciones de colaborar.
En los últimos años, algunos EPU han analizado con mayor determinación y profundidad el impacto de la corrupción en los derechos humanos. En diferentes comunidades de práctica el compromiso anticorrupción y el de defensa de derechos humanos se comienzan a trabajar más holísticamente con un enfoque multidisciplinario. Se empieza a romper los silos entre estos dos campos igualmente fundamentales para una sociedad justa.
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