Ante el intento del Ministerio Público de garantizar la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en Guatemala, los abajo firmantes manifestamos:
La gestión de María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General del Ministerio Público (MP) de Guatemala, garantiza la impunidad a responsables de graves violaciones a los DDHH, socavando la justicia como una garantía de no repetición de los hechos ocurridos durante el Conflicto Armado Interno (CAI), ya que la Fiscalía de Derechos Humanos, dirigida por Noé Nehemías Rivera Vásquez, continúa impulsando los retrocesos en materia de justicia en el país.
A lo largo de 42 años, el mismo Ministerio Público ha realizado una investigación que dio como resultado más de 7,000 medios de prueba en el caso conocido como “Diario Miliar”, entre estos, más de 100 testimonios de sobrevivientes de tortura, violencia sexual y desplazamiento forzado, más de 20 peritajes, y se logró la localización, identificación y recuperación de los restos de ocho personas detenidas desaparecidas que aparecen registradas en el documento que da nombre a este caso, los cuales estaban dentro de instalaciones militares.
En el año 2022 la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, por medio de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, presentó la acusación en contra de 10 sindicados y solicitó que sean enviados a un juicio oral y público por Delitos contra la Humanidad, Desaparición Forzada, Asesinato y tentativa de Asesinato.
El pasado 7 de octubre del año en curso, el fiscal que actualmente tiene asignado el caso Crisanto Gómez Meléndez, obviando todos los medios recabados y basándose en solamente 2 medios de investigación, solicitó a la Jueza del Juzgado “C” de Mayor Riesgo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente “clausura provisional”, contradiciendo la acusación presentada con anterioridad, en un acto a todas luces ilegal, que favorece a los acusados Toribio Acevedo Ramírez, Malfred Orlando Pérez Lorenzo, Alix Leonel Barillas Soto y Edgar Virgilio de León Sigüenza. Con ello se pretende evitar que sean enviados a un debate oral y público, y deducir sus responsabilidades penales y dejando en impunidad los delitos cometidos en contra de las más de 195 víctimas de terrorismo de Estado y que fueron registradas en el documento de inteligencia conocido como “Diario Militar”.
Con esta acción el Ministerio Público, bajo el mando María Consuelo Porras Argueta, se suma a los actores que niegan nuevamente la justicia y el derecho a la averiguación de la verdad a las familias sobrevivientes de la desaparición forzada durante el CAI, así como el reconocimiento de los daños psicológicos y emocionales provocados hace más de 40 años. Además, desacata lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la obligación del Estado de Guatemala de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada en dicho caso.
A ocho meses de la salida de la actual Fiscal General, esta acción abiertamente ilegal y que contraviene los estándares internacionales en materia de justicia se traduce en un pacto de impunidad a favor de violadores de derechos humanos, criminales de guerra y, principalmente, en un insulto a las familias de las víctimas que han impulsado el proceso por más de cuatro décadas.
Al respecto hacemos el siguiente llamado:
– A la población guatemalteca, a condenar y repudiar la impunidad que pretende instalar la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, al contradecir sus propias investigaciones, con la intención de favorecer a los posibles responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el CAI y retroceder en materia de justicia, lo cual consolida un continuum de impunidad para hechos del pasado y del presente que debe ser señalado y repudiado por todos;
– Al sistema judicial, velar porque los estándares internacionales en materia de justicia sean cumplidos por el Ministerio Público y sus agentes fiscales, recordando la preeminencia de los convenios internacionales en materia de derechos humanos y que el sistema judicial debe ser el primer garante de los derechos de las víctimas del Diario Militar;
– Al Ministerio Público, la creación de una Fiscalía Especial totalmente independiente que continué con la investigación del caso “Diario Militar”;
– A la comunidad y organismos internacionales de derechos humanos, a acompañar y dar seguimiento al caso Diario Militar, pronunciarse y condenar las acciones revictimizantes del MP, así como hacer un llamado al Estado de Guatemala para velar porque el proceso judicial se desarrolle garantizando la vida e integridad de jueces, abogados, querellantes, víctimas, testigos y sobrevivientes.
Así como durante estas cuatro décadas, las víctimas, sobrevivientes y familiares de personas detenidas desaparecidas durante el CAI hemos caminado en la búsqueda de justicia y de nuestros familiares, hoy continuaremos firmes en ese propósito hasta encontrarles, a pesar de los intentos del MP de perpetuar la impunidad, y para que estos hechos no se repitan.
Organizaciones firmantes:
Colectivo de Familiares de Víctimas de Diario Militar
Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala – FAMDEGUA
Grupo de Apoyo Mutuo – GAM
Centro para Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – UDEFEGUA
Equipo de Estudios Comunitarios y Atención Psicosocial – ECAP
Plataforma Canadá, Guatemaltecxs exiliadxs por terrorismo de Estado
Observatorio Internacional “Verdad y Justicia en Guatemala”
Organización Amancio Samuel Villatoro
Red Europea de Solidaridad con el Caso Diario Militar
Red Internacional de Solidaridad con Guatemala
Oficina de Washington para Latinoamericanos – WOLA
Todos por Guatemala Canadá
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos – FEDEFAM
Latin American and Caribbean Solidarity Network – LACSN
HREV-Colombia
Right Action
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network – BTS
People For Peace London – Canada
Fundación para el Debido Proceso – DPLF
Grupo de Trabajo sobre América Latina – LAWG
Robert F. Kennedy Human Rights
Latin-America Canadian Solidarity Association – LACASA
Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente
Mujeres con Valor Construyendo un Futuro Mejor – MUVACOFUM
Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia – AMMI
Personas individuales:
David Heap, PhD, Associate Professor (Profesor Titular), University of Western Ontario, Canada
Grahame Russell, Rights Action, Canada and United States
Maritza Urrutia, Paises Bajos
Gwendolyn Schulman, contributor to Amandla! Radio, Canada
Gerald Ernest Rowe, PhD, Adjunct Professor Institut Armand Frappier, INRS, Canada
Marie-France Arismendi, Cultural interpreter, Canada
Brisna Caxaj – Rowe, Human Rights Activist and Educator, Canada
